El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha valorado este lunes las propuestas de la Oficina del Defensor del Pueblo Español y de la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de viviendas ante casos de desahucio o emergencia social. El alcalde, en ese sentido, ha esgrimido que el Ayuntamiento hispalense, por su parte, está siempre "atendiendo a aquellas personas que tienen realmente mucha necesidad de vivienda y seguiremos trabajando en esa línea".

Durante una visita al barrio de El Porvenir, Juan Ignacio Zoido ha analizado la propuesta de la titular de la Oficina del Defensor del Pueblo Español, la exalcaldesa hispalense Soledad Becerril, para que las viviendas de protección oficial que siguen desocupadas sean destinadas a familias desalojadas o desahuciadas como consecuencia del conflicto que sufre este país en materia de vivienda a cuenta de la crisis y las leyes hipotecarias. El primer edil ha valorado la propuesta de Soledad Becerril, si bien explica que no se trata de "una aportación que no estemos haciendo nosotros". "Para Sevilla, no representa una novedad, porque estamos atendiendo a aquellas personas que tienen realmente mucha necesidad de vivienda y seguiremos trabajando en esa línea.

En cuanto al Fondo Social de Viviendas promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), especialmente dedicado a personas desahuciadas, el alcalde señala el "registro de demandantes de vivienda" con el que cuenta el Ayuntamiento, asegurando que la administración local dará respuesta a quienes "tienen esa necesidad". "Tenemos que atender esa emergencia social", dice el primer edil, toda vez que la oposición ha reclamado que el Ayuntamiento de adhiera a este instrumento de la FEMP.

Recientemente, como es sabido, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla suspendió la aplicación de las normas de adjudicación de viviendas en régimen de alquiler temporal para mayores, así como las normas para los casos de emergencia social, —textos aprobados en agosto de 2006 y junio de 2008 respectivamente—, para unificar en un órgano con las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente y de Familia y Asuntos Sociales, así como con la Empresa Municipal de la Vivivienda (Emvisesa), las gestiones correspondientes al tratamiento y adjudicación de las viviendas sociales de propiedad municipal.