Unas 200 personas han participado este sábado en la ocupación simbólica, organizada por COAG y CCOO, de la finca Peñarrubia, situada en el término municipal de Campillos (Málaga), en desuso y propiedad de la Junta de Andalucía. El objetivo de esta iniciativa era reivindicar la creación de un banco público de tierras para generar puestos de trabajo.

En la ocupación de esta finca de 800 hectáreas, que se ha desarrollado sin incidentes, han participado, entre otros, el secretario de COAG en Málaga, Juan Antonio García; el responsable provincial de CCOO, Antonio Herrera; el portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro; alcaldes y concejales de la comarca —Campillos, Ardales, Cuevas del Becerro, Cañete la Real o Teba— y representantes de organizaciones como Veterinarios Sin Fronteras o Silvema-Ecologistas en Acción.

COAG ha reclamado la suspensión del proceso de liquidación de las fincas del IARA y que se proceda a iniciar los trámites para crear un banco público de tierras, que permita acceder a ellas en régimen de arrendamiento tanto a los jóvenes que deseen iniciarse en la actividad agraria como a los pequeños agricultores que quieran redimensionar su explotación. Según sus datos, en Andalucía hay unas 22.000 hectáreas de tierras públicas, que podrían dar empleo a 2.000 personas.

Esta coordinadora considera que el proceso de liquidación emprendido por la Junta, por el cual las fincas se subastan, "no garantiza la continuidad de la actividad productiva porque las tierras se destinan así al mejor postor, no al proyecto empresarial que más capacidad tenga de generar riqueza y empleo en el territorio".

Ha defendido que estas tierras son un bien público que "no deben adjudicarse sin garantizar la actividad productiva, que es su vocación". Por eso, ha reclamado la creación de un banco público de tierras, que permita adjudicar las fincas a aquellos jóvenes que quieren incorporarse a la actividad agraria o a aquellos pequeños agricultores que quieran redimensionar su explotación, contribuyendo así a generar empleo propio y por cuenta ajena.

De ese modo, a su juicio, Andalucía no sólo reduciría sus niveles de desempleo garantizando el uso productivo de unas tierras con vocación agraria, que es el principal objetivo, sino que, además, recibiría mayor contrapartida, con ingresos en concepto de seguridad social, IVA, IRPF, etcétera.

Por eso, la organización agraria ha incidido en que cualquier cesión de estas tierras debe estar condicionada al compromiso de desarrollar en ellas una actividad productiva que genere empleo y riqueza en el territorio.