Los grupos parlamentarios han aprobado este viernes por unanimidad una iniciativa en la que reclaman a la Xunta que se dirija al Gobierno central y a la Comisión de la Competencia de la Unión Europea para reclamar que "retiren la exigencia de quita" a los afectados por preferentes que adquirieron los productos por "una comercialización indebida".

El acuerdo ha sido transaccionado, en la Comisión de Economía del Parlamento, a partir de una proposición no de ley registrada por el PSdeG, a la que el PPdeG ha presentado enmiendas. Al pacto logrado entre estos dos grupos se unieron en la votación tanto Alternativa Galega de Esquerda (AGE) como el BNG, que habían presentado, a su vez, sendas propuestas sobre la misma materia que fueron rechazadas por los populares.

El texto pide al Gobierno gallego que, con el objetivo de que "todos" los afectados por las preferentes, las subordinadas y otros híbridos recuperen "la totalidad" de su dinero, tome medidas como dotar de medios los "humanos y materiales necesarios" al sistema de arbitraje del Instituto Galego de Consumo para "agilizar los procedimientos".

Asimismo, los grupos demandan a la Xunta que, dentro de sus competencias, "haga públicos los criterios de inclusión y exclusión" en el arbitraje para "transparentar su concesión"; y que preste asesoramiento jurídico a todos los afectados que lo reclamen y quieran demandar judicialmente a las entidades financieras.

Durante su intervención en el debate, la portavoz del PSdeG en la materia, Carmen Gallego, ha criticado la "ralentización, hasta casi la paralización" de los arbitrajes desde las elecciones autonómicas y ha rechazado la solución que se propone para quienes no puedan acudir a esta vía.

"Las quitas no serían del 40%. Esas personas perderían sus ahorros por que el canje por acciones es lo mismo que decir que se van a quedar sin su dinero", ha dicho la diputada socialista, que también ha reprochado que los criterios para incluir a los afectados en el arbitraje no se hayan hecho públicos. Al hilo de ello ha pedido también que las entidades informen a los clientes de que tienen este tipo de productos, dado que "hay personas que aún desconocen la situación".

Los "consentidores"

El representante de AGE, Juan Manuel Fajardo, ha reprochado al PP que pretenda "irse de rositas" en esta "estafa" y se ha remitido a la ley modificada durante la época de Aznar que "legalizó" este tipo de instrumentos híbridos. Así, ha considerado que los "estafadores" deberían estar en la cárcel, pero ha pedido responsabilidades también para "los consentidores".

Además, ha recriminado que en casos como los de las hipotecas sostengan que "las deudas hay que pagarlas" mientras a los afectados por las preferentes se les aplicará una quita. "Nos toman el pelo cada vez que dicen que una deuda hay que devolverla", ha dicho a los diputados del PP y ha criticado que "los únicos" que finalmente tienen que hacerlo son "los trabajadores".

Fajardo ha rechazado las enmiendas del PP a las propuestas debatidas en la comisión sobre las preferentes. "Sirven para un roto y para un descosido. Son expertos en hacer que caminan para no caminar", ha espetado y, tras la intervención del portavoz del PPdeG, Pedro Puy, que defendió que la Xunta actuó desde el primer momento, el diputado de AGE ha replicado que "se hicieron un montón de cosas pero el problema sigue encima de la mesa".

"las víctimas son las penalizadas"

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha apostado por "dejar en suspenso" las facultades del FROB para aplicar este tipo de medidas a los ahorradores con su dinero atrapado en preferentes y subordinadas y ha reclamado poner en marcha "un mecanismo que garantice la devolución íntegra", dado que el arbitraje "solo ha permitido resolver un porcentaje pequeño" de los casos.

El decreto por el cual el FROB puede aplicar las quitas, ha dicho el diputado, supone que los estafados deberán "contribuir a la fuerza a recapitalizar las entidades que los estafaron". El ministro de Economía, Luis de Guindos, se refirió a las preferentes como "un engaño masivo". "Estaba admitiendo un delito y la respuesta a ese delito es un decreto que convierte a las víctimas en las penalizadas".

Petición a bruselas

Por su parte, Pedro Puy ha defendido que esta situación no se habría producido si en el momento de comercializar las preferentes entre ahorradores "se hubiese cumplido la normativa europea y española". Además, ha recordado los consensos alcanzados en la pasada legislatura en este ámbito y ha llamado a recuperarlos.

Además, el portavoz popular ha indicado que casi 14.000 afectados han recuperado su dinero mediante el arbitraje y ha destacado que la Xunta recibió 70.000 expedientes. Así, ha indicado que hay que "pedir a Bruselas que, por favor" no aplique las quitas y permita continuar con el arbitraje.