La diputada nacional del PSOE Guadalupe Martín ha señalado que "los brutales recortes que ha aplicado Cospedal en nuestra comunidad autónoma no han servido para evitar que Castilla-La Mancha se haya convertido, tras la Comunidad Valenciana, en la segunda región con mayor deuda en relación a su Productor Interior Bruto (PIB)".

Martín se ha manifestado así tras conocer los datos hechos públicos por el Banco de España, que reflejan que la deuda pública de Castilla-La Mancha al término de 2012 era de 10.190 millones de euros, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

La parlamentaria ha explicado que "la deuda regional ha pasado en menos de dos años del 17,4 por ciento al 27,8 por ciento de nuestro PIB, más de diez puntos, cuando la media de incremento en el resto de comunidades autónomas ha sido de 4,8 puntos".

Para Martín, estos datos ponen en evidencia, de nuevo, "que los llantos, el sufrimiento y los esfuerzos que nos están costando a todos los castellano-manchegos los recortes de Cospedal, están sirviendo de muy poco". "Las cifras son demoledoras", ha sentenciado.

Día del consumidor

Por otra parte, ha señalado que este viernes Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, "no es un día de celebración sino de reivindicación, porque los derechos de los consumidores se están viendo seriamente recortados y atacados por los gobiernos de Cospedal y de Rajoy".

Así, ha indicado que las medidas que han ido adoptando los gobiernos regional y de España han provocado un "encarecimiento" de la vida y una pérdida "importante" del poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que ha llevado a miles de familias a una situación "bastante precaria".

Igualmente, ha criticado que el Gobierno regional haya cerrado la mitad de las 150 oficinas de información al consumidor que existían en la región, que hayan cerrado el teléfono de información al consumidor o los 8 centros de formación al consumo que existían o que hayan desaparecido el 80 por ciento de los 21 colegios arbitrales de consumo que había en Castilla-La Mancha.

También ha lamentado que no se financie a los ayuntamientos que mantenían abiertas las oficinas de consumo ni tampoco a las asociaciones de consumidores, lo que ha provocado que muchas de ellas estén a punto de desaparecer. "Está claro que hoy, los ciudadanos viven peor que hace un año y medio, y tienen menos derechos como consumidores", ha afirmado.