La diputada del BNG Ana Pontón ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que derogue el decreto del plurilingüismo y le ha acusado de "manipular" las sentencias que "confirman la ilegalidad de los elementos centrales" de esta norma.

Así se ha manifestado la diputada nacionalista después de que este jueves el mandatario autonómico anunciase que su Gobierno no presentará recurso de casación ante el Supremo por las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anulan algunos puntos del decreto del plurilingüismo como el relativo al "carácter vinculante" de la consulta a los progenitores sobre el idioma en la primera etapa educativa.

"El mal llamado decreto del plurilingüismo, aprobado unilateralmente por el PP, tuvo el rechazo masivo de la sociedad gallega, una huelga general en la educación y el posicionamiento contrario de la Real Academia Galega, el Consello Consultivo o el Consejo Escolar de Galicia", ha recordado, a través de un comunicado, la diputada nacionalista al respecto.

En este sentido, ha considerado que las diferentes sentencias del TSXG "dan la razón a quien cuestionó el decreto" al "declarar ilegales los instrumentos que aprobó la Xunta para llevar adelante una política de eliminación del gallego".

Asimismo, ha asegurado que estos fallos "dejaron al descubierto las mentiras, manipulaciones e ilegalidades empleadas por la Xunta en su cruzada contra el idioma gallega y la desautoriza en el fondo y en la forma".

Para la diputada nacionalista, "si el PP quiere retomar la senda del consenso en materia de lengua", el "punto de partida no puede ser este decreto masivamente rechazado por la sociedad gallega y la comunidad educativa". "El punto de partida deben de ser el respecto al Estatuto, a la Ley de Normalización Lingüística, al Plan general de normalización y a la Carta Europea de las Lenguas", ha apuntado.

Por su parte, Compromiso por Galicia ha calificado de "positivo" que el Gobierno gallego no presentara recurso contra las sentencias que anulan parcialmente este decreto y ha felicitado a la sociedad civil y, especialmente a las personas adheridas al manifiesto 'Chamamento polo galego', que "fue capaz de poner el foco sobre esta cuestión".

"feijóo no asume el palo judicial"

Por otra parte, el presidente de A Mesa Pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, ha considerado que el presidente de la Xunta "continúa sin asumir el enorme palo judicial" que le supusieron las sentencias del TSXG y, por eso, "pretende mantener en vigo un decreto cadaverizado" por la Justicia.

En este sentido, Callón ha coincidido con el BNG al considerar que "lo que tiene que hacer Feijóo es buscar una nueva norma que se ajuste al Estatuto, a la Ley de Normalización Lingüística, al Plan general de normalización y a la Carta Europea de las Lenguas" y "no intentar mantener hasta el último suspiro un decreto cuyos principales artículos fueron declarados ilegales".

Galicia bilingüe

Por su parte, Galicia Bilingüe ha replicado a las afirmaciones en las que el jefe del Ejecutivo autonómico dijo que no vivirá "de la polémica del gallego", al asegurar que "accedió a la presidencia de la Xunta apoyándose, en gran medida, en la polémica suscitada por el decreto aprobado por el bipartito".

Asimismo, ha considerado que "los tribunales dictan sentencia ajustándose a la legislación vigente" por lo que, al gobernar en mayoría, "Feijóo habría podido legislar de manera acorde a lo prometido" —preguntar a los padres sobre el idioma en el que quieren que sus hijos estudien las asignaturas troncales—.

Además, ha apuntado que "un proceso judicial no finaliza hasta que se agotan todas las vías" que el sistema judicial pone al alcance de los ciudadanos. "Acudir al Tribunal Supremo no significa incurrir en desacato como sugirió el presidente Feijóo esta mañana, sino defender en los tribunales aquello que se supone que se considera correcto".

Con todo, el mandatario autonómico ha garantizado que la Xunta mantendrá las consultas a los padres y madres de los alumnos de la primera etapa educativa, y ha asegurado que tendrán un valor "determinante" para la Administración, aunque sin "efectos legales".