El concejal de Izquierda Unida (IU) en la Comisión de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha pedido al equipo de gobierno municipal que prepare una "insumisión activa" a la reforma de la Administración local propuesta por el Ejecutivo central.

En rueda de prensa, Muñoz ha argumentado que, en primer lugar, la "batalla" es "paralizar" la modificación de la ley de bases de la Administración local, si bien también ha abogado porque el consistorio realice las modificaciones posibles en el área de servicios sociales para "imposibilitar" la aplicación de la citada ley, en caso de que se apruebe según la última propuesta realizada.

Según ha aclarado, estos cambios se deberán hacer antes de que se apruebe la norma estatal, "preparando el camino para una insumisión activa", y, como ejemplo, ha mencionado la posibilidad de modificar parámetros de prestaciones que desaparecerían con la nueva legislación o crear sistemas cooperativos de autoorganización que los mantengan.

Muñoz ha dado a conocer un informe elaborado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que les ha sido remitido este miércoles, que revela las consecuencias que tendría la actual propuesta de reforma en el área de servicios sociales de la capital aragonesa.

Así, desaparecerían la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la casa de acogida a mujeres maltratadas, la Casa de la Mujer, la Casa de Cultura y la escuela municipal de jardinería 'El Pinar', entre otras cosas, y el 90 por ciento de las subvenciones y convenios de acción social a causa "de la nueva distribución de competencias" que prevé la futura ley.

Además, "peligran" 151 puestos de trabajo, de ellos, 118 de funcionarios, 31 de interinos, dos laborales y 26 derivados de convenios con la Diputación General de Aragón. El concejal ha apuntado al respecto que la reforma solo permite acometer a los ayuntamientos actuaciones que eviten la exclusión social y que requieran de una intervención inmediata.

Gravedad de la situación

Pablo Muñoz ha advertido de la "gravedad" de la situación y ha comentado que, en el caso de las subvenciones y convenios, solo se podrían mantener los relativos a comedores sociales y alojamientos alternativos, teniendo que desaparecer los demás.

El concejal de IU ha pedido que se informe de esta situación a todos los trabajadores municipales, entidades, empresas y usuarios afectados y que se cree una comisión urgente para evaluar esta política social "que está en peligro".

Asimismo, ha defendido la "insumisión activa" y la oposición y el rechazo "tajante y serio" a la reforma por parte del municipio de la capital aragonesa.

Recurso de inconstitucionalidad

El concejal de IU ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha aprobado una moción en la que muestra su disposición a unirse a otros consistorios del país para presentar conjuntamente un recurso de inconstitucionalidad en caso de que se aprobara la reforma como está redactada actualmente.

Muñoz ha precisado que el Ayuntamiento de Zaragoza no puede presentarlo en solitario ya que es preciso sumar, al menos, una población de seis millones de habitantes, pero sí está dispuesto contribuir a su presentación.

El edil ha remarcado que la reforma propuesta por el Gobierno central es "anticonstitucional" ya que "quiebra el modelo actual" de municipalismo recogido en la Constitución española y "desdibuja la opción social de los ayuntamientos".