Las Corts Valencianes han aprobado una declaración institucional en el pleno de este miércoles en la que consideran que no hay "razones" que justifiquen una modificación del funcionamiento de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla. El parlamento autonómico considera que este organismo "debe seguir prestando el servicio a la comunidad con la misma eficacia que ha demostrado hasta el día de hoy, manteniendo su actual estatus jurídico".

La cámara valenciana ha aprobado esta declaración ante la "preocupación" que está generando en las comarcas del sur de la Comunitat Valenciana la posible alteración del actual estatus jurídico de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla.

Al respecto, las Corts recuerdan que entre 2,5 y 3 millones de habitantes, según la temporada del año, de las provincias de Alicante, Murcia y Albacete se abastecen de agua potable gracias a la "excelente" gestión que lleva a cabo la Mancomunidad de los Canales de Taibilla a lo largo de los 11.000 kilómetros en los que actúa.

Asimismo, explican que este organismo se constituyó en 1927 y, desde su inicio, "ha sido una entidad avalada por la brillantez, seriedad, honestidad y eficacia de los técnicos y trabajadores que, a lo largo de su dilatada existencia, han posibilitado el suministro de agua potable a 79 municipios de las provincias de Alicante, Murcia y Albacete".

80

Años de gestión pública

"Más de 80 años de gestión pública y de defensa del interés general en la gestión de un bien escaso en el sureste de España, como es el agua, avalan la trayectoria de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla", subraya el parlamento valenciano en la declaración institucional.

En esta línea, la cámara considera que el trabajo realizado por esta entidad en las últimas décadas, "las garantías que ofrece en la provisión de agua potable y la tecnología, siempre puntera, aplicada a los sistemas de captación y tratamiento del agua, no se mantendrían si la gestión del organismo pasase a ser privada o fuese absorbida por otra entidad o cambiara el modelo de gestión actual que ha funcionado de manera muy eficaz hasta el momento".

Las Corts Valencianes trasladarán esta declaración al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y el Senado, así como al Parlamento de la Asamblea Regional de Murcia y a la Asamblea de Castilla-La Mancha y a los municipios del área geográfica afectada.

Por otro lado, el parlamento autonómico ha aprobado otra declaración institucional la que manifiesta la "necesidad de que el Consell continúe defendiendo el tejido industrial y productivo de Sagunto y su comarca" y expresan su apoyo al mantenimiento del empleo en las instalaciones de la planta de ThyssenKrupp Galmed en esta localidad.

En este documento se recuerda que el pasado 8 de febrero, la dirección de ThyssenKrupp Galmed anunció al Comité de Empresa de la factoría ubicada en Sagunto la decisión del grupo de aplicar un programa integral de desarrollo estratégico para "optimizar sistemáticamente su cartera en Europa", lo que supone "la desinversión de diferentes plantas de producción" entre ellas TK Galmed.

"Es especialmente significativo el hecho de que no se trata de una empresa que está pasando por dificultades económicas, financieras o de producción", añade la cámara legislativa en la declaración, donde asegura que la empresa "es rentable y cuenta con resultados positivos en los últimos ejercicios".

Revisión industrial

Por ello, apuesta por tomar "todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan deslocalizaciones o cierres de empresas" y, en este sentido, las Corts Valencianes consideran "inaplazable una revisión de los instrumentos de defensa industrial de nuestro tejido productivo para evitar los riesgos de deslocalización de empresas a países con una legislación laboral menos justa".