La Dirección General de la Policía ha admitido que en las protestas desarrolladas el 25 de septiembre en torno al Congreso de los Diputados que había agentes de la Policía Nacional de paisano desplegados entre los manifestantes, que "tenían únicamente la misión de informar de posibles movimientos 'proviolentos', aislar los conflictos que afectasen a la seguridad de los manifestantes y el dispositivo preventivo policial y asegurar que las sesiones parlamentarias se celebrasen sin interrupción alguna".

Ésta ha sido la respuesta de la Dirección General al Defensor del Pueblo sobre una la investigación que ha iniciado tras recibir numerosas quejas por la actuación policial del 25-S pasado, con ocasión de las protestas que tuvieron lugar en el entorno del Congreso de los Diputados.

Los comparecientes afirman que agentes de paisano mezclados con los manifestantes "iniciaron los altercados para aumentar la tensión y romper el curso pacífico de los acontecimientos" y que la actuación policial fue desproporcionada, como así consta en el informe del Defensor del Pueblo 2012.

La institución ha señalado que dicha respuesta entra "en contradicción" con el informe remitido por la Delegación del Gobierno en Madrid sobre este asunto, que afirmó que "no existía constancia ni se han aportado pruebas de la existencia de agentes de paisano infiltrados entre los manifestantes".

Por ello, el Defensor del Pueblo ha decidido mantener abierta esta investigación para aclarar este extremo y extraer conclusiones sobre la corrección o no de la actuación policial durante estas concentraciones.

El Órgano que dirige Soledad Becerril también ha recibido durante el año pasado numerosas quejas sobre la utilización de pelotas de goma por parte de los agentes antidisturbios. En concreto, investiga las circunstancias en las que se produjeron las graves lesiones provocadas por el impacto de una pelota de goma el 11 de julio de 2012 a una manifestante que se encontraba en el paseo de la Castellana de Madrid, frente al Ministerio de Industria, durante las protestas de los mineros.

El informe remitido por la Dirección General de la Policía argumenta que no puede establecerse una relación causa-efecto entre las referidas lesiones y la actuación policial, "a pesar de que en las imágenes que documentan los hechos puede verse a la manifestante caer abatida tras el impacto de una pelota de goma".

La Institución señala que no consta en la información que se haya investigado ni la causa de las lesiones padecidas por la manifestante, ni el uso de material antidisturbios por los funcionarios policiales que actuaron ese día en el Paseo de la Castellana de Madrid, por lo que ha solicitado un nuevo informe a la Dirección Policial.

La Dirección General de la Policía ha señalado que el uso de los medios y material antidisturbios se recoge en normas de carácter interno basadas en los principios básicos de actuación que establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Menciona brevemente algunos criterios y límites en la utilización de pelotas de goma, por lo que se ha dirigido nuevo escrito a dicho centro directivo para que amplíen la información proporcionada hasta la fecha y remitan copia de las normas de carácter interno que regulan el uso de los medios y material antidisturbios, así como las características y los criterios de utilización de las pelotas de goma.

"A pesar de la utilidad de las fotos y de los vídeos colgados en Internet para valorar las actuaciones policiales, las imágenes obtenidas pueden ser insuficientes para la identificación de los responsables de dichas actuaciones", ha apuntado esta institución.

Esto se puso de manifiesto en la investigación de las actuaciones policiales que tuvieron lugar el 17 y el 18 de agosto de 2011 en el centro de Madrid, con motivo de la marcha contra la visita del Papa, "especialmente en el caso de la agresión de un funcionario policial a una joven en la calle Atocha y de las posteriores agresiones a otros dos ciudadanos".

En este caso, la dificultad para identificar a los responsables de dichas agresiones tuvo como causa el reducido tamaño del distintivo de identificación personal. El Defensor del Pueblo denuncia la "ineficacia del distintivo de identificación personal por su reducido tamaño, que resulta todavía más evidente cuando se constata que, ni los policías que estaban presentes en el lugar de los hechos, ni los que analizaron posteriormente las imágenes donde se refleja dicha actuación, pudieron identificar a los responsables de las agresiones".

"Cuando no resulta posible identificar a los funcionarios que han participado en la comisión de un ilícito penal o administrativo, a pesar de existir imágenes que reflejan con suficiente claridad la actuación policial y numerosos testigos de los hechos, se dejan impunes conductas irregulares e inaceptables, y se produce un deterioro de la imagen y el prestigio de los cuerpos policiales", ha criticado el departamento que dirige Soledad Becerril.