El concejal del PP en el Ayuntamiento de Gijón Manuel Pecharromán ha incidido este jueves en que el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado cuando hay ciudadanos que pueden tener intereses económicos en los terrenos que pretenda ahora revisar tras la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de 2011. Por este motivo, le ha pedido no solo pensar en los intereses del Ayuntamiento, sino también los de los ciudadanos.

"Nos preocupa que el Gobierno Local pueda argentinizar la ciudad", ha indicado, en rueda de prensa tras la Comisión de Urbanismo, con alusión a las expropiaciones realizadas en aquel país. Asimismo, ha solicitado delimitar los supuestos derechos indemnizatorios, al tiempo que ha abogado por actuar "prudencia, cautela y sensatez", lejos de las manifestaciones hechas sobre este asunto por el resto de grupos políticos.

Asimismo, ha indicado que le genera "muchas dudas, incluso de legalidad" el que la edil de Urbanismo, Lucía García, diga que se van a desarrollar unos planes y otros no. Para él, esto debería sustentarse con informes jurídicos. Unido a ello, ha explicado que se pidió un informe jurídico para ver cómo les puede afectar esta anulación del PGO a dos proyectos que se trataron en la Comisión de Urbanismo anterior.

Ha recordado, además, que quedan seis recursos sin resolver, y ha culpabilizado de la actual situación a PSOE e IU-LV, quienes tramitaron el plan ahora anulado. Especialmente ha recalcado que el PSOE no está legitimado moralmente para hablar del urbanismo gijonés, que se parece cada vez más al de Llanes, donde también se anuló el PGO, a su parecer. "No se pueden ir de rositas", ha dicho antes de pedir responsabilidades patrimoniales a los concejales que votaron a favor del PGO.

Tampoco se ha librado de las críticas Foro, a quien atribuye ser "cómplice" por haber seguido desarrollando este planeamiento urbanístico si tenía dudas de su legalidad. Además, le ha recriminado que con las manifestaciones hechas por la alcaldesa y otros máximos representantes se aumenta la inestabilidad jurídica en las que se instaló el Ayuntamiento.

En este sentido, ha apostado por no contribuir a generar alarmismo, sino a explicar cómo se deben hacer las cosas para recuperar la normalidad. "Gijón no debe ser Venezuela ni una república bananera", ha apuntado, antes de defender que haya seguridad jurídica en inversores.