El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha reconocido este miércoles que el recorte de jornada y salario a más de 3.000 empleados públicos es "controvertido", pero es un una medida que ha permitido mantener puestos de trabajo.

En declaraciones a los periodistas, ha señalado que el Ejecutivo cree que hay "razones objetivas" para salvar la legislación actual y la directiva de la Unión Europea que impide la discriminación, y en todo caso, cree que es una medida "interpretable".

"Si la alternativa es despedirlos, es mejor que tengan empleo porque si los expulsamos de la Administración no van a conseguir trabajo. La razón de ser de esta Consejería es defender el empleo público, y la reforma laboral del Gobierno central promueve los Expedientes de Regulación de Empleo extintivos", ha indicado.

Spínola ha indicado que otras seis Comunidades Autónomas han adoptado medidas similares, y ha dicho que su Ejecutivo respetará la decisión que tome en última instancia el Tribunal Constitucional.