El Ayuntamiento de El Coronil espera ya a Tragsa y Cañamero ve una "manipulación política" en la alerta

El Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla), gobernado por Jerónimo Guerrero (PSOE), espera que en las próximas horas la situación de riesgo sanitario declarada por la Consejería de Salud y Bienestar Social se traduzca en un nuevo despliegue de la empresa pública de Transformación Agraria (Tragsa), que por segunda vez despejaría de basura este municipio que desde hace semanas sufre una huelga indefinida en su servicio de limpieza urbana, cuyos operarios se encuentran además de baja laboral. Diego Cañamero, líder del sindicato que promueve la huelga, sospecha de su lado de una "manipulación política" en esta nueva declaración de riesgo sanitario.
Imagen de archivo de la huelga de El Coronil.
Imagen de archivo de la huelga de El Coronil.
EUROPA PRESS
Imagen de archivo de la huelga de El Coronil.

El Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla), gobernado por Jerónimo Guerrero (PSOE), espera que en las próximas horas la situación de riesgo sanitario declarada por la Consejería de Salud y Bienestar Social se traduzca en un nuevo despliegue de la empresa pública de Transformación Agraria (Tragsa), que por segunda vez despejaría de basura este municipio que desde hace semanas sufre una huelga indefinida en su servicio de limpieza urbana, cuyos operarios se encuentran además de baja laboral. Diego Cañamero, líder del sindicato que promueve la huelga, sospecha de su lado de una "manipulación política" en esta nueva declaración de riesgo sanitario.

De un lado, Jerónimo Guerrero ha manifestado a Europa Press que, en principio, el dispositivo de Tragsa podría comenzar a actuar esta noche o la mañana de este miércoles, todo ello después de que la Consejería de Salud y Bienestar Social haya declarado una situación de "riesgo sanitario" en todos los puntos de recogida de basura de El Coronil, donde no sólo pesa una huelga indefinida en el servicio municipal de limpieza urbana, sino que además los servicios mínimos sufren la baja de cuatro de los cinco operarios de este servicio. Guerrero, de cualquier modo, aboga por que el despliegue de Tragsa coincida con la encomienda de gestión según la cual esta sociedad estatal se haría cargo de cumplir los servicios mínimos.

"ganar la huelga a través de decretos"

Diego Cañamero, líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y ex alcalde de El Coronil, ha manifestado de su lado que sospecha que esta nueva declaración de riesgo sanitario responde a una "manipulación política", pues "la primera vino después de 24 días de huelga y está ha llegado con sólo 23 días, cuanto aún no hay ni moscas, ni gusanos ni peste". "La Junta quiere ganar la huelga a través de decretos", dice Cañamero, quien teme una "manipulación" y cree que "detrás de todo esto están" el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, y la secretaria general del PSOE de Sevilla, Susana Díaz.

Finalmente, ha avisado de que las administraciones han invertido ya "83.000 euros" en diferentes aspectos de este conflicto laboral por no acceder a restituir una bolsa de empleo cuyo coste ronda los 24.000 euros anuales.

El conflicto de la basura

La convocatoria de esta huelga indefinida en el servicio de limpieza urbana de El Coronil responde a la anulación de una bolsa de empleo asociada a este servicio público prestado directamente desde el Consistorio. Guerrero que la anulación de esta bolsa de empleo responde a la tasa cero de reposición de efectivos estipulada para las administraciones por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tanto para 2012, como para 2013, así como por acuerdo propio del Ayuntamiento. Asimismo, Guerrero esgrime que hay fórmulas para redirigir las personas inscritas en esta bolsa de empleo hacia otros programas de la misma naturaleza.

Diego Cañamero, exalcalde de El Coronil y líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), organización que promueve la huelga, no comparte estos argumentos y alega que "el alcalde ha hecho 18 contratos en los últimos seis meses con fondos municipales y pretende cargarse una lista de 12 años de antigüedad, —en referencia a la bolsa de empleo—, para meter a los suyos". En paralelo, ambas partes se acusan mutuamente de impedir el cumplimiento efectivo de los servicios mínimos, porque también discrepan en la interpretación de los mismo.

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