Covite pide al Gobierno que "no blanquee los crímenes" de los 30 miembros de ETA registrados en el Consulado de Bayona

El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco Covite ha pedido al Gobierno central que "no blanquee los crímenes" de los 30 miembros de ETA que se han registrado en el Consulado de España en Bayona (Francia) para poner fin a años de fuga al no tener ya causas pendientes con la Justicia por sus actividades relacionadas con la banda.

El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco Covite ha pedido al Gobierno central que "no blanquee los crímenes" de los 30 miembros de ETA que se han registrado en el Consulado de España en Bayona (Francia) para poner fin a años de fuga al no tener ya causas pendientes con la Justicia por sus actividades relacionadas con la banda.

En un comunicado, Covite, tras conocer esta información confirmada a Europa Press por fuentes de la lucha antiterrorista, ha anunciado que ha remitido una carta al Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para que "aclare si ha promovido la regularización de huidos de ETA".

Además, ha reclamado al Ejecutivo central que "cumpla con su deber e investigue los delitos terroristas en los que están implicados" estos 30 miembros de la banda terrorista.

Covite desea conocer si el Ministerio de Interior "ha promovido de alguna manera la decisión tomada por la treintena de criminales". Además, ha advertido del "peligro" que conlleva "restar importancia al perfil de los terroristas que se han registrado en Bayona enfatizando que son meros colaboradores de ETA".

"Tal planteamiento sólo maquilla la realidad, pues se trata de coautores e instigadores directos de esa persecución contra un grupo de población civil", ha opinado.

A su juicio, el hecho de que "esas personas no tengan causas pendientes únicamente evidencia que sus delitos han quedado impunes, en parte por los errores cometidos durante décadas por el Estado de Derecho en las investigaciones de los casos sin resolver, cifrados en más de 300".

En este sentido, Covite ha señalado que los familiares de los damnificados por ETA cuyos casos no han sido resueltos "tienen derecho a conocer lo que sucedió, independientemente del tiempo transcurrido desde el atentado". Al respecto ha subrayado que el Estado tiene "la obligación de investigar todos los casos de asesinato, pues el derecho a la verdad no prescribe".

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