Sodercan podría llegar a tener que pagar hasta 12 millones de euros por el proyecto GFB después de que el informe de la Fiscalía declare culpable el concurso de la planta de fibroyeso de Orejo (Marina de Cudeyo) y propone que se condene a la empresa pública, al grupo Pujol Martí y a Euroamérica a pagar solidariamente a los acreedores el importe total de los créditos que no perciban en la liquidación.

Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, quien ha advertido de que el proyecto de GFB sigue siendo "una amenaza muy presente" y que Sodercan seguirá pagando las "consecuencias de una gestión" del anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) que, a su juicio, "puede ir más allá de la incompetencia".

Fuentes del Gobierno regional, han explicado a Europa Press que, a pesar de la estimación de 12 millones ofrecida por Arasti, se desconoce aún la cantidad exacta que podría tener que pagar el Ejecutivo pues aún no se ha llevado a cabo la liquidación de GFB con lo que aún se desconocen las deudas.

Durante una interpelación solicitada por el PP sobre el proceso de reestructuración de Sodercan, Arasti ha avisado que, con estos datos, las consecuencias del proyecto GFB no acaban con los 50 millones "dilapidados" por el bipartito PRC-PSOE, sino que "están lejos de haber terminado".

En el Pleno, el consejero ha expuesto durante este mismo punto la reestructuración de Sodercan llevada a cabo por el PP desde su llegada al Gobierno regional para reducir los 122 millones de euros de deuda acumulada en las dos legislaturas del bipartito PRC-PSOE; para hacer frente al incremento de personal en la empresa pública durante esos años, que pasó de 56 empleados en 2004 a los 126 en 2010; de la subida de los salarios y del crecimiento del gasto, que desde que tomó posesión el actual Ejecutivo y hasta enero de 2013, se ha reducido en 1,5 millones de euros, según Arasti.

Además, el consejero ha hecho alusión a los millones comprometidos por el anterior Ejecutivo regional en convenios y ayudas que, sin embargo no pagó, una manera de proceder que el consejero ha bautizado como la del 'yo te doy y ya pagarán otros', y también a la denominada cláusula de garantía patrimonial que el bipartito PRC-PSOE firmó con nueve empresas que se instalaron en el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) en las que el Gobierno regional se obligaba a comprar la parcela y el edificio de aquellas que decidieran abandonarlo.

Según Arasti, si todas ellas decidieran hacer uso de esta cláusula el coste para el Gobierno de Cantabria ascendería a 55 millones de euros, algo que, sin embargo, no ocurrirá pues el consejero ha apuntado que el actual Ejecutivo regional (PP) ha logrado que varias de las empresas hayan renunciado a esta cláusula, con lo que el "riesgo" se ha reducido "en 32 millones de euros".

Por otra parte, durante el debate de este punto, la diputada del PP y alcaldesa de Medio Cudeyo, María Antonia Cortabitarte, ha acusado al anterior Ejecutivo regional de haber convertido Sodercan en una "agencia de colocación y de viajes" y en un "ejemplo paradigmático" de "despilfarro y abuso".

'PRESTIGE'

Más allá de este punto, en el Pleno de este lunes se han abordado otros asuntos, como las razones por las que el actual Ejecutivo regional no remitió al grupo parlamentario socialista en plazo un informe de la Intervención General sobre los gastos del Gobierno del 'popular' José Joaquín Martínez Sieso en la crisis del 'Prestige'.

El consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, ha explicado que no se había remitido la documentación por un "error" de coordinación entre tres consejerías del Gobierno de Cantabria: la suya, la de Presidencia y la de Economía y Hacienda, por el que pidió "disculpas".

Mientras que el diputado socialista Miguel Ángel Palacio aceptó las excusas del consejero, aunque criticó el "bardal" que hay entre las consejerías, el regionalista Rafael de la Sierra, dudó de las justificaciones de Fernández.

Durante su intervención, De la Sierra ha censurado que el Gobierno de Cantabria no remita las documentaciones que se le solicitan en aquellos asuntos de los que "no le interesa hablar", como, ha dicho, ocurre con este relacionado con el Prestige y que, a juicio del regionalista, constituye "una de las vergüenzas" -"probablemente la más importante", en su opinión_del PP de Cantabria.

Por su parte, el 'popular' Luis Carlos Albalá ha criticado a la oposición por usar algo ocurrido hace 12 años para "atacar" al Gobierno actual.

"Enhorabuena señor Diego y señores consejeros porque les tienes que atacar con acontecimientos de hace doce años", ha afirmado el diputado del PP de forma irónica.