Cerca de una veintena de afectados por posibles casos de robos de bebés en Granada se han concentrado este lunes frente a la sede de la Fiscalía Provincial, en Plaza Nueva, para reclamarle la reapertura de las investigaciones archivadas de forma provisional.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D), Eduardo Raya, ha lamentado que la fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago, haya hecho "caso omiso" a la circular de la Fiscalía General del Estado que unificó los criterios jurídicos en los procesos sobre estas supuestas sustracciones.

Raya, que es además el primer padre en España que presentó una denuncia por el supuesto robo de su hija, nacida en el Hospital Clínico de Granada en 1990, se ha quejado de que aún no haya tenido respuesta alguna sobre su caso, pese a que la propia Fiscalía Superior de Andalucía instara a realizar nuevas pruebas.

Con carteles con lemas como 'Toxicología nos engaña, ¿dónde está la justicia?' o 'Niños robados en Granada, justicia ya', han reclamado al Ministerio Público su implicación, y así lo harán "todos los primeros lunes del mes" hasta que obtengan una respuesta satisfactoria.

En el caso de Raya, la Fiscalía de Granada decidió incoar nuevas diligencias después de que el fiscal superior, Jesús García Calderón, emitiera un decreto en el que pedía que se valorasen las manifestaciones realizadas por el denunciante, el padre de la niña, Eduardo Raya, "acerca de las supuestas irregularidades" que imputa al grupo investigador de la Policía Judicial.

El caso fue denunciado por la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que sin embargo dictó el sobreseimiento libre —definitivo— del asunto, contra el que el padre afectado ya ha presentado un recurso de apelación que la Audiencia Provincial de Granada valorará en una vista que ha sido fijada para el próximo 6 de junio.

La hija de Raya nació el 6 de junio de 1990, después de que uno de los doctores del Clínico le practicara una cesárea urgente por supuesto sufrimiento fetal, el mismo facultativo que "casualmente", según el padre, fue condenado tres años más tarde por la Audiencia Provincial de Granada por una adopción irregular.

Tres días más tarde, el Hospital comunicó a los padres que la hija había fallecido, y sus supuestos restos fueron enterrados. Sin embargo, años más tarde, los padres decidieron trasladarlos para enterrarlos junto a su abuelo paterno, pero antes les hicieron pruebas de ADN en dos laboratorios (Tecnogen y Genómica) que dictaminaron que aquellos restos no pertenecían a su hija.

Así, Raya denunció los hechos ante la Fiscalía —el primero denunciado en España— el 23 de marzo de 2010, y el caso fue llevado al Juzgado por el Ministerio Público, que era la primera vez que en Granada trasladaba un posible robo de niños ante el juez. Entonces, aparecieron "milagrosamente" y después de 20 años unos restos conservados en parafina de un hígado que el Hospital "se saca de la manga" y que el Instituto Nacional de Toxicología, dependiente del Ministerio de Justicia, certifica que corresponden a la hija. Toxicología ya había analizado previamente los restos exhumados por la familia, aunque no encontró en ellos ningún tipo de ADN, y ya dijo que no serían idóneos para su análisis más de 40 días antes de recibirlos.

Entonces, la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 decidió archivar el caso en primera instancia, y el padre decidió de nuevo enviar los restos de hígado aportados por el Hospital a un especialista del Clínico de Barcelona, que determinó que no se trataba de un hígado fetal o de un recién nacido de pocos días.

Ello, según Raya, venía a evidenciar que la investigación se había archivado en base a "una prueba falsa" y la juez decidió reanudar la instrucción, y envió los mismos restos parafinados a Toxicología de Sevilla, que no aclaró, pese a que así se le solicitó por parte del Juzgado, si correspondían a un recién nacido, y simplemente señaló que pertenecían a un niño con un síndrome de hepatitis neonatal. Fue entonces cuando la magistrada, de nuevo, dicta el auto de sobreseimiento libre, es decir, el archivo definitivo.