El comedor escolar se encarece en las escuelas de Cataluña por la aplicación del 21% del IVA

  • El Ministerio de Hacienda obliga a aplicar el tributo pese a que las actividades educativas infantiles y juveniles están exentas.
  • La patronal catalana sostiene que la decisión no se ajuste a derecho y hace peligrar la calidad y la viabilidad de muchas empresas.
  • No todas pueden asumir el IVA y optan por encarecer el precio o reducir la calidad.
Varios niños, en un comedor escolar.
Varios niños, en un comedor escolar.
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Varios niños, en un comedor escolar.

Los precios de los comedores escolares empiezan a encarecerse pues el Ministerio de Hacienda obliga a las empresas a aplicar el IVA del 21% a las actividades interlectivas, como la acogida matinal, las excursiones y actividades extraescolares incluidas en el programa educativo o el acompañamiento de alumnos con necesidades especiales.

La ley del IVA y una directriz europea contempla la exención del IVA en actividades educativas para niños y jóvenes. Sin embargo, existían varias interpretaciones por lo que la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural (FOESC) preguntó a la Dirección General de Impuestos del ministerio qué debían hacer.

En la respuesta, que ha llegado dos años y medio después, la Dirección General admite el valor educativo de dichas actividades y reconoce que la ley del IVA y la Unión Europea las eximen del impuesto pero obliga a aplicarlo como si fueran servicios de lujo.

"No tiene ningún sentido aplicar el 21% de IVA porque la normativa europea y las leyes catalana y española dicen que las actividades educativas están exentas", ha señalado a 20minutos.es el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC), Álex Castillo, quien ha asegurado que como no han recibido ninguna notificación oficial no se dan por aludidos y no pagarán el tributo.

En caso de que el pago fuera requerido, ha explicado que pagarán porque «hay que cumplir la ley escrupulosamente» aunque animan a todas las AMPA a reclamar el dinero por la vía judicial. Castillo también ha recordado que, en ningún caso, el precio del menú diario puede superar los 6,2 euros fijados como tope por la Consejería de Educación.

En su opinión, la resolución de la Dirección General de Tributos responde a la «voracidad recaudatoria» del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, considera que ésta continuará mientras perdure la deuda de 29.000 millones de euros de Bankia. «Cualquier AMPA está mejor gestionada y es más honrada que Bankia y decisiones como ésta lo único que consiguen es que el partido pierda votos», ha sentenciado.

En la misma línea se ha manifestado Pep Montes, gerente de la Asociación Catalana de Empresas de Ocio, la Educación y la Cultura (Acellec, por sus siglas en catalán). "No parece que haya otro argumento que el puro afán recaudatorio", ha lamentado antes de recordar que los inspectores de Hacienda pueden reclamar a las empresas el IVA de los últimos 18 años.

Padres y empresas lamentan el afán recaudatorioLas empresas, ha añadido, «no tienen ni de lejos un margen de beneficio del 21% por lo que deberán aumentar los precios o reducir la calidad disminuyendo el número de monitores, y ninguna de las dos alternativas son deseables».

Montes ha explicado que tampoco quieren subir las cuotas pues la situación económica y la «radical disminución de los ingresos familiares» lo desaconsejan. Calcula que el número de niños que comen en el colegio ha disminuido entorno a un 20% este curso.

Distintos colegios, distintas soluciones

Con todo, empresas y asociaciones de madres y padres de alumnos buscan soluciones. En el caso del colegio Mare de Déu del Priorat, de Banyeres del Penedès (Tarragona), la asociación de padres y madres de alumnos (AMPA) ha aceptado una subida de 25 céntimos al día, lo que supone un incremento de 5 euros al mes por alumno.

Otras, en cambio, no ha aceptado subida alguna, como la del colegio Mas i Perera, de Vilafranca del Penedès (Barcelona), alegando que el contrato no les obliga a asumirlo y que la Generalitat no lo permite.

El Ministerio «no se da cuenta de la gravedad de la situación», ha afirmado Montes, quien confía en que la justicia acabe dándoles la razón aunque para entonces muchas empresas ya habrán cerrado y habrá empeorado la calidad de estos servicios «esenciales para la calidad educativa y la conciliación de la vida familiar».

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