El Supremo de EE UU rechaza una demanda contra la ley de espionaje electrónico

  • Periodistas, abogados y activistas de derechos civiles había planteado la posibilidad de desafiar la ley de espionaje de comunicaciones con extranjeros.
  • El Supremo voto en contra porque "no pueden demostrar un perjuicio futuro".
  • Aunque según los jueces discordantes, "el Gobierno tiene fuertes motivaciones".
Teclado de un ordenador.
Teclado de un ordenador.
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El Tribunal Supremo de EE UU ha negado hoy a un grupo de periodistas, abogados y activistas de derechos civiles la posibilidad de desafiar la ley de espionaje de comunicaciones electrónicas con extranjeros sospechosos de terrorismo.

En 2008, durante la administración de George W. Bush, se ampliaron los poderes de la ley Foreing Intelligence Surveillance Act (FISA), que permite al Departamento de Justicia y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) espiar y obtener información de comunicaciones electrónicas sin necesidad de una orden judicial previa. Una situación que, a juicio de los demandantes, pone en peligro la privacidad de los estadounidenses y, según la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (UCLA) permite que los poderes de espionaje de Gobierno queden exentos de control por parte de un tribunal.

No obstante, con cinco votos en contra y cuatro a favor, los jueces del Supremo han rechazado las peticiones de este grupo de abogados, periodistas y organizaciones de derechos civiles, entre las que se encuentra Amnistía Internacional.

Así, la sentencia establece que los demandantes "no pueden demostrar un perjuicio futuro" por la FISA puesto que las teorías, aunque demostrasen que la vigilancia de sus contactos con extranjeros fuese inminente, se basan en "especulaciones", puesto que el Gobierno podría utilizar otras vías que no están dentro del caso analizado.

Además, el Supremo no se pronunció sobre la constitucionalidad de los nuevos poderes atribuidos a la norma, aprobada en 1978, sino que se centró en determinar si los demandantes pueden desafiar la legislación en tribunales federales. A este respecto se manifestó el juez Samuel Alito, que representó a la mayoría, al asegurar que "se han mostrado reacios a dar peso a teorías que se basan en suposiciones".

No obstante, el magistrado Stephen Breyer dio voz a los cuatro jueces que votaron a favor de los demandantes al indicar que "existe una alta probabilidad de que el Gobierno intercepte al menos algunas comunicaciones electrónicas" porque "tiene fuertes motivaciones para escuchar conversaciones de la clase descrita por los demandantes".

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