La prolongación de las situaciones de paro derivada de la crisis económica está provocando un "importante trasvase" de la protección por desempleo a la vertiente asistencial, según advierte el Consejo Económico y Social (CES) en un informe sobre la distribución de la renta en España entre 1985 y 2011.

Esta situación, continúa el CES, es una muestra de la pérdida de capacidad del sistema de protección para dar cobertura a un volumen de paro de larga duración "de una magnitud hasta ahora desconocida".

Al mismo tiempo, el CES argumenta que el aumento de la atención asistencial disminuye el potencial redistributivo de la protección por desempleo y profundiza en las desigualdades, ya que el nivel de la atención asistencial de la protección por desempleo en España es de los más bajos de los países miembros de la OCDE y está "muy por debajo del umbral de la pobreza".

El CES señala además que, pese a los importantes logros en el acceso a las prestaciones y servicios públicos, en muchos casos, puede ser "cuestionable" su suficiencia por el "modesto" nivel de sus cuantías y las dudas sobre su adecuación a las distintas situaciones familiares.

Asimismo, sostiene que no se puede apreciar "con nitidez" si el nivel de protección asistencial es actualmente adecuado a las necesidades de la población debido a que se ha ido conformando a lo largo de las últimas décadas "a base de superposiciones sobre lo preexistente, en distintos niveles territoriales y con un poco claro sistema de compatibilidad de las prestaciones".

El esfuerzo se ha concentrado en la vejez.

Paralelamente a la mayor la esperanza de vida, en el informe se señala que durante las últimas décadas se ha producido un proceso de concentración del esfuerzo en protección social y políticas sociales en la vejez. Así, el patrón de gastos sociales, en todas sus dimensiones, se ha ido inclinando desde comienzos de los 80 en favor de las personas de mayor edad.

"Aunque teóricamente sería más eficiente invertir en la infancia, la educación y el capital humano, así como en políticas preventivas de salud pública, la realidad es que buena parte de la generación del 'baby-boom' y subsiguientes parecen abocadas a soportar las consecuencias de una serie de crisis de distinta índole (demográfica, de empleo, financiera, de acceso a la vivienda y formación de hogares) sin perspectivas de una compensación intergeneracionalmente justa en su última etapa de madurez vital", sostiene el CES.

El organismo que preside Marcos Peña avisa además de que la sostenibilidad económica a medio o largo plazo "se encuentra comprometida por su estrecha conexión" con la evolución del empleo, no sólo en la vertiente contributiva de la protección social, sino también en lo que se refiere a las prestaciones y servicios que se financian con transferencias del Estado.

El CES subraya que, en un contexto de mayores riesgos sociales y de una "profunda" caída de la recaudación, resulta difícil conciliar el cumplimiento del cometido redistributivo de los poderes públicos con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Así, afirma que, lejos de conseguir un equilibrio entre ambas cosas, "esta tensión se está trasladando a constantes dilemas de elección pública de primer orden".