La vicepresidenta Segunda del Senado y senadora socialista por Álava, Yolanda Vicente, ha mostrado su preocupación, esta tarde en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, respecto a la posible supresión del partido judicial de Amurrio (Álaba) que establece la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial y ha subrayado que, "en este sentido, el criterio del Gobierno es que no tiene criterio".

Vicente ha lamentado que el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, no haya aclarado sus dudas al respecto y que se haya limitado a señalar que el criterio del Gobierno se fijará a finales de año y que la idea es extender la competencia del juez al ámbito provincial.

La parlamentaria del PSOE ha recriminado al Gobierno que "no haya contestado" a una cuestión tan relevante y que haya tardado casi diez meses en responder en sede parlamentaria.

A continuación, ha explicado que si se les priva del acceso a la justicia a los ciudadanos de la Comarca de Ayala, donde se encuentran los juzgados, se les estará privando de un servicio público esencial simplemente porque viven en una zona rural, con una singularidad especial, con más de 36.000 habitantes.

De esta forma, ha denunciado que se eliminarán numerosos puestos de trabajo y se acabará catalogando a los ciudadanos que viven en la comarca de Ayala como "ciudadanos de segunda", porque no tendrán el mismo derecho de acceso a la justicia, como derecho fundamental, y que está recogido en la propia Constitución, que un ciudadano que vive en la capital, en Vitoria.

Yolanda Vicente ha añadido que, además "habrá unas consecuencias a largo plazo y estructurales, que serán la pérdida de habitantes en la zona, por carecer de servicios necesarios, concentrando la población en las ciudades más grandes, y, por consiguiente, se producirá una despoblación rural en contraste con unas ciudades habitadas de forma masiva".

En este punto, Vicente ha reclamado al Gobierno que "piense en los ciudadanos" y ha criticado la "espiral de recortes en la que lleva tiempo instalado el Ejecutivo, que se inició con la educación, continuó con la sanidad y ahora alcanza al ámbito de la justicia".

Por último, la senadora alavesa ha afirmado que si el Gobierno acaba cerrando el Partido Judicial de Amurrio, se encontrará con su oposición y la de su grupo parlamentario y ha añadido que los planes de eficiencia tienen que ejecutarse contando con los ciudadanos.