El grupo GEA 21 presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 44 trabajadores, la mitad de la plantilla, formada por 89 empleados, cuyo plazo de negociación concluye este miércoles, y en el que, según indicaron a Europa Press fuentes de los representantes de los trabajadores afectados, "la empresa no ha tenido voluntad real de negociar medidas alternativas".

Según han indicado a Europa Press fuentes del despacho Globallex Abogados, asesores de los trabajadores de GEA 21 SA afectados por el expediente de extinción colectiva de contratos de trabajo ERE) iniciado por GEA 21 —que ha presentado preconcurso de acreedores—, la citada empresa ha iniciado los trámites para ejecutar una medida de despidos colectivos que afecta a 44 trabajadores, "sin que existan causas que justifiquen dichas medidas y sin que la empresa haya tenido una voluntad real de negociar medidas alternativas o que, de algún modo, mitiguen los efectos negativos de dichos despidos".

Estos trabajadores han apuntado que "de mantenerse la actitud que hasta ahora se ha venido mostrando por la empresa, impugnaran la medida ante los tribunales de Justicia".

Han explicado que el pasado día 29 de enero, GEA 21 comunicó el inicio del periodo de consultas legalmente establecido para negociar sobre un procedimiento de extinción colectiva de contratos de trabajo en GEA 21, que afectaba a 44 trabajadores de un total de 89 trabajadores. De esta forma, el próximo día 27 de febrero está convocada la última reunión del periodo de consultas, "sin que hasta la fecha se haya llegado a acuerdo alguno".

A juicio de los representantes de los trabajadores, la empresa "ha mostrado una evidente falta de intención de negociar durante todo el procedimiento, pues no ha propuesto ni una sola alternativa o medida que pudiera mitigar de algún modo el expediente planteado, a pesar de las muchas propuestas elaboradas por los representantes de los trabajadores".

Los representantes de los trabajadores lamentan que, "sin embargo, la propia empresa, durante el periodo de consultas, fue requerida para que aportara los últimos planes de viabilidad existentes, de los que se extraen conclusiones totalmente distintas a las invocadas por la empresa para justificar la presentación del expediente de extinción colectiva de contratos de trabajo".

Así, apuntan que, "de hecho, de dicha documentación, elaborada por Deloitte en noviembre de 2012, se concluye que la situación económica empresarial podía encontrar una solución a corto plazo, proponiéndose la prórroga del expediente de suspensión de contratos y no la de extinción de contratos de trabajo".

Han precisado que estos planes de viabilidad "sirvieron a GEA 21 para obtener una importante refinanciación por parte de distintas entidades bancarias, por lo que resulta inexplicable que solo dos meses después de la elaboración de dichos planes y de la ejecución de las medidas de refinanciación se venga a sostener causas económicas para extinguir 44 puestos de trabajo, que representan casi el 50 por ciento de la plantilla".

Asimismo, han recordado que en los meses de abril y mayo de 2012 se tuvo conocimiento de que GEA 21 había conseguido refinanciar los 68 millones de su deuda, indicando Juan Antonio López Fernández, presidente del holding Andaluz, que "de ese modo se garantizaba la viabilidad de la empresa, su diversificación y sus 250 puestos de trabajo".

Los representantes de los trabajadores apuntan que "está absolutamente acreditada de que GEA 21 ni siquiera ha agotado el periodo de suspensión de contratos que fue acordado con los representantes de los trabajadores con anterioridad al inicio de este ERE extintivo y que tenía una duración de un año".

Ha agregado que "a muchos trabajadores afectados por el ERTE suspensivo ni siquiera se les ha llegado a comunicar su suspensión, y otros muchos han sido rescatados de dicha suspensión para sustituir a los trabajadores designados para el ERE extintivo, un comportamiento claro y evidente de que la empresa tenía desde el inicio la decisión adoptada y que no ha tenido la más mínima intención de negociar nada durante el periodo de consultas".

"sin garantía de indemnización mínima"

Lamentan que "a día de hoy, los trabajadores afectados por la medida ni siquiera tienen garantía alguna de que vayan a ser indemnización con la indemnización legal mínima, es decir, 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, pues la empresa ha dedicado la totalidad del periodo de negociación únicamente a meter miedo a los trabajadores afectados, con el objetivo de que éstos acepten dicha indemnización mínima, bajo el pretexto de que es muy posible que la empresa presente en los próximo meses un concurso —-actualmente ha presentado un preconcurso— y proceda a despedir al resto de la plantilla de la empresa".

Tras apuntar las "múltiples irregularidades" cometidas durante el procedimiento iniciado por la empresa, consideran que "llama poderosamente la atención la inexistencia de criterios objetivos de selección del personal afectado, limitándose la empresa a describir como criterios de selección una serie de términos absolutamente vagos e imprecisos" que, a juicio de los representantes, "ha permitido a la empresa seleccionar al personal que quería despedir, sin criterios objetivos, y evitando la afectación de directivos y personal de mayor retribución".