Una de las medidas anunciadas por el Gobierno del Principado de Asturias para paliar la problemática social generada por los desahucios, la modificación del decreto que regula la adjudicación de viviendas, sigue a día de hoy pendiente, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.

Fue a mediados de noviembre de 2012 cuando los consejeros de Presidencia y Bienestar Social, Guillermo Martínez y Esther Díaz respectivamente, anunciaron que el Ejecutivo acometería esta medida, en un paquete de actuaciones dirigidas no sólo a las personas que vayan a ser víctimas de desahucios, sino a las que ya lo hubiesen sido y careciesen de vivienda. En aquella rueda de prensa anunciaban también la puesta en marcha en Asturias de una ventanilla de información ciudadana sobre desahucios.

En lo que se refiere a la modificación de viviendas, el relativo al que regula la adjudicación de viviendas del Principado, los responsables regionales dijeron que pretendían buscar vías de acceso a viviendas propiedad de la administración autonómica "para las familias y ciudadanos víctimas de un lanzamiento por impago de hipotecas causado por insolvencia sobrevenida y sin dolo".

Sin embargo, el cambio en el decreto aún no se ha producido. Las fuentes consultadas, sin embargo, han dicho que los plazos no son en absoluto inusuales en lo que se refiere a un cambio en un decreto, un procedimiento que requiere del paso del texto por el Consejo Consultivo.

Precisamente esta semana, en la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias, el portavoz parlamentario de IU, Ángel González, ha defendido precisamente la necesidad de recursos para el Consejo Consultivo para que puedan "agilizarse" los trámites. En su intervención de este viernes llegó a decir que "en Asturias lleva menos tiempo hacer una ley que hacer un decreto".

Mandato de la junta

La modificación del decreto incluida en el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno en noviembre responde además a una resolución de la Junta General adoptada el 19 de octubre de 2012, ante la problemática causada por los desahucios.

El texto de la iniciativa aprobada pedía la modificación del decreto para ayudar a las familias en situación de desahucio hipotecario. El Parlamento asturiano ya solicitaba entonces que se incorporen a esas familias en los distintos procedimientos de adjudicación de vivienda, según la situación de urgencia o emergencia social en la que se encuentra cada familia.