El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Consell para reclamarle que "unifique" los criterios de las diferentes administraciones públicas en la prestación del programa de teleasistencia domiciliaria. Asimismo, ha exigido a la Conselleria de Bienestar Social que dote de presupuesto un servicio que considera "imprescindible" por la "gran importancia" que tiene "tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en atención a personas mayores y otros colectivos desfavorecidos".

El defensor del pueblo valenciano abrió una queja de oficio a fin de evaluar "la repercusión y medidas previstas por las administraciones públicas implicadas, al objeto de evitar la suspensión del programa, tanto a personas que ya venían siendo beneficiarias como a posibles nuevos beneficiarios", según ha informado la entidad en un comunicado.

La apertura de la queja de oficio tiene su justificación en la eliminación en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2013 de la partida presupuestaria que el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad destinaba a la financiación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. En 2012 esta administración destinó 30 millones de euros a la firma de un acuerdo de colaboración entre el IMSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la prestación del servicio de teleasistencia en España.

El síndic precisa que la supresión de esta partida presupuestaria afecta a los convenios que el IMSERSO suscribía con Diputaciones provinciales y Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para prestar la atención. La FEMP comunicó a todas las Administraciones Públicas afectadas que con fecha 31 de diciembre de 2012 se ponía fin al programa, por lo que quedaba a criterio de las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos la prestación del servicio.

Según Cholbi, "pese al considerable esfuerzo de las tres Diputaciones y los Ayuntamientos de las capitales de provincia, el servicio se ha visto considerablemente afectado puesto que las administraciones tienen que seguir prestando dicho servicio con presupuestos sustancialmente reducidos".

En este sentido, el síndic reconoce el "tremendo" esfuerzo de las tres corporaciones provinciales para mantener el servicio a los usuarios atendidos en 2012. Con la información recibida, el síndic ha comprobado que para la Diputación de Castellón resulta "imposible" asumir el coste íntegro del servicio y descarta la posibilidad de establecer un sistema de prepago mientras que el Ayuntamiento de la capital de la Plana le ha trasladado que estudia "posibles medidas" para absorber los nuevos usuarios derivados del servicio.

En el caso de la Diputación de Valencia, ha aumenta su presupuesto para este año, que pasa de cerca de 2.100.000 euros a algo más de 2.300.000 euros, mientras que el Ayuntamiento ha asumido como presupuesto propio la totalidad del coste del servicio para los 4.605 beneficiarios, aunque no ha concretado si podrá asumir nuevas altas que se produzcan este año.

En cuanto a Alicante, la Diputación mantendrá la prestación del servicio como hasta la fecha, incrementando el presupuesto destinado a Servicio de Teleasistencia Domiciliaria para 2013 por un importe superior al 1.200.000 euros. El Ayuntamiento de Alicante le comunicó la adopción de medidas de urgencia para asegurar la prestación del servicio inicialmente hasta el 31 de julio.

Petición a bienestar social

Con esta información, el Síndic de Greuges se ha dirigido a la Conselleria de Bienestar Social para recomendarle "que coordine las actuaciones de las distintas administraciones públicas para la unificación de medidas a adoptar respecto al servicio, al objeto de evitar disparidad de criterios en cuanto a la definición e implantación" en la Comunitat Valenciana.

José Cholbi le ha pedido que elabore un programa general "único" para toda la Comunitat Valenciana "en el que queden establecidas las bases y normas de acceso y prestación de servicio, así como los mínimos de calidad que han de cumplirse para garantizar su prestación en condiciones dignas y adecuadas".

El síndic ha demandado a la consellera Asunción Sánchez Zaplana que arbitre las "medidas necesarias para la elaboración de un Plan de Financiación Concertado con las entidades locales que haga posible la viabilidad y estabilidad del servicio".

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