Tacha de "ridículo" que lo denuncien "los que pagaban y los cobraban" en el caso de las comisiones por vigilancia policial

El agente querellante asegura que los cobros, de 6.000 euros, eran "obligados" y "todo en dinero B"

El exacalde de Cudillero y diputado por el PSOE en la Junta General, Francisco González, se ve como víctima "de una cacería y una persecución" en su municipio, tras presentar el PP otras dos nuevas denuncias en su contra. Estas dos querellas se suman a la del caso del cobro de las comisiones por vigilancia policial a establecimientos hosteleros y comisiones de fiestas, por el que ha declarado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

González ha informado, a la salida del Juzgado, de otra querella del PP de Cudillero en su contra, esta vez por no ceder un local para un mitin electoral en Oviñana en 2011. La denuncia se suma a la presentada este martes por la presidenta de los 'populares' pixuetos, Carmen Pérez de La Mata, por acordar que el funcionario Juan Luis Álvarez del Busto se acogiese desde 2008 a un permiso retribuido hasta su jubilación, a cambio de retirar una reclamación salarial.

González tiene claro que hay un interés en su municipio en "verlo sentado en el banquillo", como, según ha citado textualmente con un acta municipal en la mano, expresó el pasado año la presidenta del PP del concejo durante un pleno municipal.

El exalcalde ha defendido su inocencia en todos los casos. Ha recordado que el caso del funcionario, que lleva cuatro años cobrando sin acudir a su trabajo, "fue casi pactado" por todas las fuerzas políticas, y se trata de un "contrato relevo", por él solicitado. Ha recordado que este empleado, exinterventor municipal, llegó a ser candidato a la alcaldía por el PP.

Además, ha recalcado su inocencia en el caso del cobro de comisiones por vigilancia, antes y después de declarar, como imputado, junto con otra exconcejala del PSOE, dos agentes locales y dos exjefes de la Policía Local. Así, ha tachado de "ridículo" que esté denunciando "por los que pagaban y por los que cobraban".

En estos términos se ha referido a quienes han presentado la querella, tres de los hosteleros implicados, y el sargento de la Policía Local, Iván Flórez, quien ha reiterado que los cobros eran "obligados", en 'dinero B' y que ningún caso pasaban por la tesorería municipal.

Los hosteleros lo solicitaron

González ha reiterado su versión de los hechos: fueron los propios hosteleros (concretamente tres chiringuitos en la zona del muelle) "los que pidieron pagar para tener un servicio de vigilancia de la Policía, porque así lo exigía la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas". Al no haber servicio de vigilancia nocturna, ha explicado el exalcalde que se acordó que fuesen ellos, a través de ingreso en la tesorería municipal, los que se hiciesen cargo de las horas extras de los agentes.

"Si yo no hubiese puesto aquella vigilancia, podría haber pasado algo como el Madrid Arena, y yo estaría aquí por algo similar", ha señalado el anterior primer edil, tras recordar que en la zona señalada se juntaban entre 1.000 o 1.500 personas.

Preguntado por si renunciaría a su acta de diputado en caso de que alguna de las denuncias prospere, González ha dejado claro que "no estamos en ese proceso". "En este momento me siento inocente en una querella que presenta un particular, no estamos en un escenario que corresponda con una acusación formal", ha matizado, tras recalcar que se siente respaldado por el Partido Socialista.

Además, ha hecho suyas declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien habló de "condenas sociales" para los imputados, cuando estar imputado es "una garantía procesal".

Ha incidido también en la acción de un blog en contra de su persona, y tras el cual "se esconde" el denunciante, el sargento de la Policía Local 'pixueta' Iván Flórez María, que "me tacha de corrupto y de cacique". Además, acusa a otro de los querellantes, Jesús Álvarez, de amenazarle con las siguiente palabras: "que tenga cuidado, que ya sé cómo acabó el alcalde de Fago", en referencia a Miguel Grima, primer edil de un concejo aragonés, asesinado en 2008.

Cobros obligados y en b

Iván Flórez, el sargento de Policía que presentó la denuncia, ha insistido en declaraciones a los medios, que los cobros "eran obligados" y en "dinero B", y que no pasaban por la tesorería municipal.

"Se les exigía a los hosteleros y no se correspondía con ninguna tasa del Ayuntamiento", ha señalado el agente, quien asegura que cuando comenzó a trabajar en el Ayuntamiento "pretendieron que lo cobrara en mano, y pedí que se incluyera en la tesorería municipal". Además, asegura que él siempre se negó a cobrar la comisión.

Las cantidades cobradas ascendía, según su versión, a unos 6.000 euros por establecimiento y temporada, y en ningún caso se exigía licencia a los hosteleros. Los Policías cobraban unos 400 o 500 euros al mes en concepto de horas extras. Algunos agentes, asegura, "incluso se negaban a que se les pagase en regular porque cobrarían menos al tributar". Además, ha afirmado que no eran solo los chiringuitos los afectados, sino que también algunas comisiones de fiesta se veían obligadas a pagar los servicios".