Los jueces y fiscales destinados en la región andaluza están llamados a participar este miércoles en una huelga convocada a nivel nacional a fin de protestar, entre otros aspectos, contra las reformas emprendidas por el Gobierno central, las cuales, a juicio de las asociaciones convocantes, buscan "suprimir de facto la independencia judicial".

Esta huelga sucede a la convocada el pasado día 18 de febrero del año 2009 para criticar la falta de medios materiales y humanos que dio lugar al error en el caso Mari Luz, aunque con la diferencia de que, en este caso, también participarán en la medida de protesta las asociaciones de fiscales, que ha participado junto a los jueces en la denominada Comisión Interasociativa, conformada por un total de siete asociaciones.

De ellas, no han secundado la huelga ni la Asociación de Fiscales ni la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aunque en Andalucía esta última asociación se ha desmarcado de la decisión adoptada a nivel nacional y participará también en la jornada de protesta junto a Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Hay que recordar que la huelga del día 18 de febrero de 2009 fue secundada por el 29,7 por ciento de los jueces y magistrados destinados en la comunidad autónoma andaluza, ya que participaron en la misma un total de 217 de los 730 jueces y magistrados ejercientes en Andalucía, según los datos aportados entonces por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De forma paralela a la huelga, que en algunas provincias como Huelva será secundada por los abogados, los sindicatos han convocado concentraciones en las ocho provincias andaluzas para pedir, entre otras cosas, la derogación de la polémica Ley de Tasas Judiciales, que se incrementen las plantillas "donde sea necesario", y para que no se "privaticen" los registros civiles.

Tras la convocatoria de juntas de jueces e incluso de un paro parcial, las asociaciones de jueces y fiscales llevarán a cabo la huelga debido a que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el resto del Gobierno "han sido incapaces de escuchar a las asociaciones y de abrir espacios de diálogo para la búsqueda conjunta de soluciones a los graves problemas que afectan a la administración de Justicia".

"suprimir" la independencia de jueces y fiscales

Los jueces y fiscales creen que las reformas emprendidas por el Ejecutivo central pretenden "dominar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "suprimir de facto" la independencia judicial e "imponer" a jueces y fiscales un trabajo "inasumible" que permita "crear espacios de impunidad", impunidad "de la que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo".

De igual modo, las asociaciones convocantes de la huelga reivindican el incremento de la inversión pública en Justicia para que jueces y fiscales "dispongan de los medios materiales y personales suficientes" a fin de poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las "elevadas" atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

También piden la "paralización inmediata" del proyecto de ley para la reforma del CGPJ, órgano constitucional "llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia", así como la derogación o "modificación urgente" de la Ley de Tasas para que éstas "no supongan una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos".

Reforma de la ley del indulto

Otro aspecto que reivindican es la reforma de la Ley del Indulto, ya que "en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión y dejar sin efecto las condenas".