El alcalde de El Coronil (Sevilla), Jerónimo Guerrero (PSOE), ha anunciado que el Ayuntamiento no volverá a "intentar hacer cumplir los servicios mínimos" de recogida de basuras en el municipio al estar de baja médica cuatro de los cinco operarios y verse "incapaz" de garantizar la "seguridad" de efectivos procedentes de una empresa externa, por lo que solicitará al Gobierno central que encomiende a la empresa pública Tragsa "el cumplimiento de los servicios mínimos" y que "garantice la seguridad de cargos públicos locales y trabajadores".

Guerrero ha explicado a Europa Press que este lunes se pondrá en contacto con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, para trasladarle la situación y pedirle su intervención en el conflicto; al tiempo que volverá a solicitar a Salud la declaración de la alerta sanitaria en el municipio, "la única forma en la parece que es posible que se recoja la basura".

Y es que, según ha manifestado el alcalde, desde el Ayuntamiento han intentado "cumplir con los servicios mínimos estipulados legalmente por la Junta" con personal propio y empresas externas "durante más de 40 días de huelga salvaje del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)", pero se ven "impotentes" porque el sindicato "no lo permite mediante la violencia y la coacción".

Por ello, ha afirmado que la situación ha pasado a convertirse en "un problema de orden público" que "escapa de las competencias municipales" y empieza a depender de "otras administraciones que tienen que velar por el cumplimiento de la ley"; toda vez que "varias decenas de personas tienen atemorizado y secuestrado a todo un pueblo" y que se han sufrido "agresiones, coacciones e insultos".

Guerrero ha recordado que el pasado lunes la empresa Tragsa acudió a limpiar la basura orgánica del municipio, merced de la resolución de la Consejería de Salud y Bienestar Social que declaraba "riesgo sanitario" en ciertos puntos, pero ya se acumulan de nuevo residuos después de una semana sin retirar. Desde el gobierno municipal se contrató a una empresa externa para retirar la basura después de que cuatro de los cinco operarios se dieran de baja por "motivos psicológicos", pero un piquete del SAT "bloqueó" la actuación.

"yo no lo hubiera permitido"

Por su parte, el secretario general del SAT, Diego Cañamero, ha subrayado que el sindicato es "partidario de que se recojan los servicios mínimos" y ha manifestado que si el alcalde ha "permitido" que la huelga de basuras se alargue hasta 40 días "significa que no está capacitado".

"Yo no hubiera permitido que durara ni cinco días", ha señalado en declaraciones a Europa Press el que fue anteriormente regidor de El Coronil, afirmando que "un alcalde está para resolver problemas" y que si Guerrero "no está capacitado, que deje actuar a otro concejal", asegurando que dentro de la corporación municipal hay ediles que "sí están dispuestos".

Cañamero ha negado asimismo que desde el sindicato se hayan proferido "insultos o amenazas" al alcalde o a miembros del equipo de Gobierno, señalando que, de producirse, tendrían constancia los agentes de Policía Local o Guardia Civil, bien por estar presentes durante los piquetes o por denuncias presentadas.

El líder sindical ha reiterado asimismo su crítica al alcalde por "intentar reventar el derecho constitucional a la huelga" con una "interpretación de los servicios mínimos" que pasa por la recogida en días alternos del municipio al completo, lo cual "no es huelga", según Cañamero.

De este modo, ha recordado que el sindicato "aceptó" desde el principio los servicios mínimos de "limpieza de colegio, centro de salud, residencia de ancianos, guardería y mercado", y que "respetan" la limpieza en estos puntos, al igual que la alerta sanitaria.

El origen del conflicto

La convocatoria de esta huelga indefinida en el servicio de limpieza urbana de El Coronil responde a la anulación de una bolsa de empleo asociada a este servicio público prestado directamente desde el Consistorio.

Guerrero afirma que la anulación de esta bolsa de empleo responde a la tasa cero de reposición de efectivos estipulada para las administraciones por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tanto para 2012, como para 2013, así como por acuerdo propio del Ayuntamiento. Asimismo, esgrime que hay fórmulas para redirigir las personas inscritas en esta bolsa de empleo hacia otros programas de la misma naturaleza.

Cañamero no comparte estos argumentos y alega que "el alcalde ha hecho 18 contratos en los últimos seis meses con fondos municipales y pretende cargarse una lista de 12 años de antigüedad, —en referencia a la bolsa de empleo—, para meter a los suyos".