La Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A) ha realizado este jueves un llamamiento para evitar un "injusto" reparto de los fondos consignados en el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020, o un "trasvase" de éstos a otras regiones, que pueda "perjudicar" a un sector "estratégico" para la comunidad como, en opinión de esta organización, es el agroalimentario y el ganadero.

Cepes-A ha realizado este llamamiento en una nota tras lamentar el "recorte" aplicado en la Política Agraria Común (PAC) en el marco del nuevo presupuesto, acordado el pasado fin de semana por los Veintisiete países miembros de la UE en una cumbre celebrada en Bruselas, que ahora el Parlamento europeo tiene que ratificar.

Según las estimaciones de la patronal de las empresas de economía social, Andalucía podría perder "en torno a 500 millones de euros" como consecuencia de este "recorte", enmarcado en "un escenario de restricción presupuestaria" que podría generar unas consecuencias "nefastas" para el sector agroalimentario y el desarrollo rural andaluz, según alerta Cepes-A, que, para evitarlas, aboga por una "redistribución más justa, equitativa y social" de los fondos comunitarios, así como por "priorizar" las ayudas de la PAC "hacia un modelo social de agricultura".

Tras resaltar la importancia "vital" que para Andalucía tiene la PAC, que "ha servido, en gran medida, para arraigar la población al territorio mediante un desarrollo rural sostenible", Cepes-A ha detallado que, con el nuevo presupuesto, los fondos agrarios pasarán "de los 420.682 millones de euros del período anterior a los 373.179 para el nuevo septenio 2014-2020", lo que "supondrá una reducción de más del once por ciento", hasta un total de "47.503 millones" que, entre otras consecuencias, podría "disminuir la competitividad agrícola y, con ello, incrementar la dependencia europea frente a terceros países".

El recorte de fondos de la PAC puede afectar, según Cepes-A, a "la fijación de la población a su territorio, el mantenimiento y la creación de empleo, la conservación paisajística y medioambiental y la cohesión social y territorial de la comunidad".

Ante ello, la organización de entidades de economía social pide a los poderes públicos que "transformen estas restricciones presupuestarias en argumentos de peso que posibiliten medidas adicionales de apoyo" que permitan a los distintos sectores productores "adecuar su oferta a la demanda en aquellas situaciones de crisis de mercado en las que el valor de los productos se sitúa próximo o incluso por debajo al de producción", así como que fomenten iniciativas que permitan a los productores "una adecuada industrialización, innovación y comercialización de sus productos para ser más competitivos".

Además, Cepes-A aboga por "potenciar los Programas de Desarrollo Rural" y darle "prioridad" a las partidas destinadas a "la incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, medidas agroambientales, mejora de regadíos o el vital relevo generacional en el campo y el empleo en zonas rurales".