La Junta de Castilla y León ha adjudicado en cuatro meses contratos por cinco millones de euros para favorecer el empleo entre colectivos vulnerables de acuerdo con el acuerdo aprobado en julio de 2012 por el que la Junta se comprometió a incluir aspectos sociales en procedimientos de contratación pública.

La consejera de Familia y Servicios Sociales, Milagros Marcos, ha comparecido junto al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, para explicar los primeros resultados de esta medida. Así, ha detallado que de septiembre a diciembre aproximadamente cinco millones de euros contratados por el Ejecutivo Autonómico incluyen cláusulas sociales que "favorecen" la inserción laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

El acuerdo incluye la reserva por primera vez de contratos destinados a Centros Especiales de Empleo y la incorporación de cláusulas sociales en la contratación general. Ambas medidas, como ha explicado la consejera, "tratan de inculcar" una perspectiva social en la contratación de la Administración Autonómica.

En concreto, con respecto al compromiso de la Junta de Castilla y León es reservar el 6,5 por ciento del importe total de los contratos de la Administración Autonómica entre un catálogo de actividades -limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, entre otras- a los Centros Especiales de Empleo. El objetivo era poder destinar aproximadamente 10 millones de euros al año en contratos específicos para estos centros.

En los primeros cuatro meses de aplicación de este acuerdo -septiembre a diciembre de 2012-, la Junta tenía previsto arrancar con una adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo por valor de 615.000 euros, si bien en ese cuatrimestre las previsiones se han "rebasado con creces", ya que la Junta ha superado en un 45 por ciento los cálculos iniciales, al adjudicar contratos por valor de 893.068 euros a este tipo de centros.

Como ha señalado Marcos, esta apuesta de la Junta de Castilla y León no sólo contribuye a "crear o mantener" empleo entre el colectivo de personas con discapacidad, sino que supone "beneficios sociales, laborales y económicos". De hecho, "de cada cien euros invertidos por las Administraciones Públicas en Centros Especiales de Empleo, 209 euros retornan a la sociedad".

Por otra parte, para dar cumplimiento a este acuerdo la Junta prima a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en riesgo de exclusión social o en la inserción de personas con discapacidad, que fomenten la estabilidad en el empleo o que promocionen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En su conjunto, las consejerías han adjudicado durante los últimos cuatro meses del pasado año contratos a empresas por valor de algo más de cuatro millones de euros que incorporan cláusulas sociales. Esta medida se destina, con carácter general, a toda la contratación pública que realice la Junta de Castilla y León.

Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, se establece en los pliegos de cláusulas administrativas particulares condiciones especiales. Entre ellas, que la plantilla esté formada por un mínimo del 20 por ciento de personas en situación de exclusión social en grave riesgo de estarlo, de desempleados, o que presenten importantes dificultades para integrarse en el mercado de trabajo ordinario.

Además, también valora que la plantilla cuente por personas con discapacidad, perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, jóvenes de entre 16 y 30 años que provengan de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que estén en proceso de rehabilitación y reinserción social, o parados de larga duración que hayan cumplido ya los 45 años.