La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha subrayado, respecto a la retirada del concierto educativo por parte de la Junta a los doce centros de educación diferenciada por sexo en Andalucía en base a sentencias del Tribunal Supremo, que a su juicio el conflicto no trata de un problema jurídico, sino "político".

El secretario general de CECE-A, Rafael Caamaño, ha subrayado a Europa Press que en estos momentos existen unos índices de fracaso escolar del 30 por ciento y una tasa de desempleo que en Andalucía afecta a 1,5 millones de personas. "Ésos sí que son gestiones y debates superados", ha indicado.

Por contra, "los colegios de educación diferenciada tienen índices de fracaso inferiores al 10 por ciento, reconocidos en los propios informes de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, y una altísima tasa de inserción laboral de los que han hecho la FP", ha recordado Caamaño, que también apunta como una de las causas del fracaso escolar "reconocida por todos los expertos" a "la falta de autonomía pedagógica de los centros, la imposición administrativa de modelos educativos y el intervencionismo de la administración".

"Esto lo han visto hace mucho tiempo en otros países, donde el debate del modelo único sí que está superado y se están abriendo a nuevos modelos y experiencias pedagógicas", ha manifestado el secretario general de CECE-A, que lamenta que, "una vez más, nos estamos quedando atrás en Andalucía, cuando no se quiere ver que la actividad educativa debe dejarse en manos de sus protagonistas, que son los que verdaderamente saben lo que hay que hacer".

En cuanto al debate jurídico, considera Caamaño que "no sólo no está zanjado, sino que está de plena vigencia", apuntando al respecto a sentencias del Supremo "que han quedado obsoletas, al referirse a la interpretación de una legislación pasada y de una voluntad del legislador que ha cambiado", y además recurridas; a autonomías que han vuelto a concertar a los centros de educación diferenciada por aplicación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado; y a la nueva situación legal que abrirá en breve la reforma educativa.

Ha mostrado, por último, su "sorpresa" por no querer la administración contar con "la eficaz ayuda de un sector educativo pujante, implicado, de éxito, demandado por muchas familias y declarado perfectamente legítimo por los propios tribunales".