El Gobierno estudia que las comunidades autónomas puedan disponer de un periodo transitorio de hasta cinco años para retomar competencias que han ido dejando en manos de los ayuntamientos, como la limpieza y mantenimiento de los centros de primaria, cuyo coste total oscila entre los 400 y los 500 millones de euros, así como las guarderías y los consultores médicos.

Este es uno de los cambios que introducirá la nueva ley de gobierno local, que dejará sentado que cada competencia esté correctamente financiada y que si una administración cede la gestión de un servicio a otra, lo pague adecuada y puntualmente.

Fuentes de la negociación han explicado a Europa Press que este será el caso entre otros asuntos de la limpieza y mantenimiento de los colegios de primaria, la gestión de las guarderías y la de los consultorios médicos, en los pueblos en los que no existe un centro de salud, que representan menos del 0,5 por ciento de los municipios españoles. Precisamente estos son tres de los asuntos competenciales en materia de Educación y Sanidad que han estado retrasando la aprobación de la reforma de la administración local.

Las mismas fuentes han explicado que el asunto no quedará cerrado con la reforma de la ley sino que se establecerá un periodo transitorio, que podría ser de tres, cuatro y hasta los cinco años, para clarificar quién y cómo se queda con estas responsabilidades.

La previsión es que el Consejo de Ministros vea en su reunión de este viernes un nuevo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre esta reforma. El texto es fruto de meses de negociación con todas las administraciones territoriales y con la Federación Española de Municipios y Provincias, con las que el Gobierno ha trabajado desde que en julio del año pasado viera un primer informe sobre la reforma de la ley.

El Ejecutivo ha negociado también con otras formaciones políticas, especialmente con el PSOE, que dio por imposible sin embargo el acuerdo hace ya semanas porque, entre otras críticas, interpreta que el Gobierno busca la privatización de servicios municipales.

Competencias pagadas

La norma servirá para fijar las competencias de los ayuntamientos y obligar a que aquellas que les cedan otras administraciones deban ir acompañadas de financiación. Además, se establecerán unos criterios de eficiencia y eficacia cuyo de obligado cumplimiento para las entidades locales, de forma que las menores de 20.000 habitantes deberán ceder sus competencias a las diputaciones cuando no aprueben el examen (aunque podrán recuperarlas si lo consiguen más adelante).

Además, las mancomunidades y otros organismos intermedios ya existentes y que tampoco cumplan esos requisitos de eficiencia desaparecerán, y no se podrán crear otros nuevos.

De esta forma, saldrán reforzadas las diputaciones provinciales, que el Gobierno quiere convertir en centrales de servicios y de compras al considerar que así se ahorrarán también costes. Los municipios mayores de esos 20.000 habitantes también les podrán ceder competencias si creen que así se mejora el servicio.

La reforma que aborda el Gobierno supondrá la modificación de la ley de administración local, pero también de otros textos que regulan la vida municipal. Así, se quiere limitar el personal no funcionario de los municipios y acotar la retribución de alcaldes y concejales, que deberán oscilar entre 100.000 y 30.000 euros, según el tamaño de cada localidad, e incluir todos los conceptos salariales. Las cifras se fijarán anualmente en los Presupuestos del Estado.

Por otro lado, se abordará una reforma de la ley electoral para reducir el tamaño de las corporaciones locales. Tras el Consejo de Ministros de este viernes se podría saber cuál es la opción del Gobierno, ya que las cifras han ido variando conforme avanzaban las semanas: El recorte era del 30 por ciento al principio pero, según las fuentes consultadas, ha ido bajando hasta quedarse en torno al 10 por ciento. La decisión final está en manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Aunque las negociaciones con el PSOE encallaron hace varias semanas, el Ejecutivo de Rajoy sigue tendiendo la mano con el fin de sacar adelante esta reforma con el máximo consenso posible. En esta línea, el propio ministro Cristóbal Montoro ha pedido a esta formación que se siente a negociar y ha dicho que el Gobierno tiene las "puertas abiertas" para hacerlo.