El Pleno del Parlamento ha convalidado, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, el decreto-ley de modificación del texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía por el que fija un máximo de diez domingos y festivos de libre apertura al año para comercios, cifra fijada como mínima por el Gobierno de la Nación en el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas de liberalización de horarios comerciales, ya recurrido por la Junta ante el Tribunal Constitucional (TC).

Ha sorprendido que dos diputados de IULV-CA, Juan Serrano y Marina Segura votaran en contra de dicho decreto. Sin embargo, ello se ha debido a un error que se ha atribuido el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro. Según ha apuntado, al término de la votación, se ha confundido al indicar el sentido del voto a los diputados porque pensaba que se estaba votando la tramitación como proyecto de ley del decreto solicitada por PP-A y que ha sido rechazada por PSOE-A e IULV-CA.

Anteriormente, durante su intervención ante el Pleno de la Cámara,

el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha explicado que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 29 de enero una serie de modificaciones urgentes de la legislación andaluza de comercio interior dirigidas a preservar al máximo los intereses de las pymes del sector, tras las últimas medidas de liberalización impuestas por el Gobierno de España en favor de las grandes superficies.

Estos cambios, que también incluyen mejoras en la regulación del comercio ambulante y de las ferias de oportunidades, se adoptan a través de la fórmula del Decreto-ley que prevé el Estatuto de Autonomía para casos de urgente necesidad, ha destacado el consejero del ramo.

La principal modificación afecta al texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía e incorpora la opción de mínimos de regulación de horarios y festivos de libre apertura que el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas de estabilidad presupuestaria, deja a las comunidades frente a la liberalización total impuesta con carácter general.

Esta opción, la menos perjudicial para el equilibrio del tejido comercial andaluz, se concreta en unos topes mínimos de 90 horas semanales para el desarrollo de la actividad de los comercios y de diez domingos y festivos anuales de apertura autorizada, frente a las 72 horas y ocho festivos establecidos hasta ahora.

Por otro lado, sigue vigente la libertad horaria que la legislación autonómica ya establecía para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia, los establecimientos de estaciones y aeropuertos y los establecimientos de los municipios andaluces declarados zonas de gran afluencia turística.

Posicionamiento de los grupos

Durante el posicionamiento de los grupos, la diputada del PP-A Ángeles Isac se ha mostrado convencida de que el Gobierno andaluz sólo busca la "confrontación" con el Ejecutivo central y que para ello utiliza al sector del comercio. Ha mostrado la "comprensión y solidaridad" de su partido por la difícil situación que atraviesa el comercio y ha indicado que el PP se compromete a presentar todas las iniciativas que sean necesarias para revertir esta situación.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Jesús Fernández ha subrayado la "invasión" por parte del Gobierno en las competencias en materia de comercio de la Junta. Ha dicho que al Gobierno andaluz no le ha quedado más remedio que "plantar batalla" y presentar un recurso de inconstitucional por la liberalización de horarios comerciales. "El Gobierno andaluz no impone no normativas, sino que busca acuerdos y negocia con el sector comercial", ha añadido.

Por último, la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez ha destacado que el pequeño y mediano comercio se ha visto afectado por las medidas del Gobierno central que "favorecen" a las grandes superficies. Según ha indicado, el decreto-ley aprobado en esta materia por el Gobierno andaluz hace frente a este "ataque" de la derecha y recoge "a la perfección" el modelo comercial por el que apuesta IULV-CA.

Se mantiene el recurso de inconstitucionalidad

Paralelamente a la adaptación normativa aprobada, el Gobierno andaluz mantiene el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado mes de septiembre contra el Real Decreto-ley 20/2012, cuyos artículos 27 y 28 vulneran y dejan sin contenido competencias autonómicas sobre horarios, rebajas y ordenación del comercio minorista, además de suponer un perjuicio para las pymes comerciales de la comunidad.

Junto con la adaptación a la nueva normativa estatal, el Decreto-Ley convalidado por el Pleno del Parlamento modifica también el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía con el fin de establecer en 15 años el periodo de vigencia de las autorizaciones para el ejercicio de esta actividad.

La ampliación del plazo, que además podrá ser prorrogado por otro idéntico a solicitud del interesado, garantiza mayor seguridad y estabilidad a los profesionales del sector, ya que el actual (entre uno y cuatro años) generaba incertidumbre acerca de la continuidad de las licencias municipales y disparidad de duraciones entre los distintos ayuntamientos, además de no dar tiempo en muchos casos a amortizar las inversiones.

Asimismo, el decreto-ley introduce por primera vez en la legislación autonómica la regulación de las denominadas 'Ferias de Oportunidades', un nuevo fenómeno en creciente expansión y ahora favorecido por la crisis económica. Se atiende así una petición del sector comercial, que señala que el vacío legal en este ámbito ha originado prácticas desleales que perjudican a profesionales y consumidores.

Bajo la denominación genérica de 'Ferias de Oportunidades' quedan englobados aquellos eventos de carácter multisectorial, promovidos tanto por los comerciantes y sus asociaciones como por cualquier entidad pública o privada, que se celebran fuera de los establecimientos habituales y tienen por objeto la realización de ventas en condiciones ventajosas para el consumidor.

Ferias de oportunidades

Como principales requisitos para estos eventos, se fijan la obligación de comunicar a la Administración autonómica su celebración con 30 días de antelación e indicación de los principales datos; la duración máxima de tres días, y el límite de una feria al año en un mismo municipio (si es de ámbito local) o en una misma provincia (si tiene carácter provincial). Asimismo, se exige que las dos terceras partes de los comerciantes que participen ejerzan su actividad en el ámbito en el que se celebre.

Finalmente, el decreto-ley aprobado introduce también un cambio en la norma sobre declaración de campos de golf de interés turístico y otro en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).