El Pleno del Ayuntamiento de Astillero ha rechazado pedir daños y perjuicios al presidente de Cantabria y exalcalde en dicho municipio, Ignacio Diego, y a su sucesor al frente del Consistorio, Alberto Cortina, por no haber ingresado a Hacienda el IVA correspondiente a la transmisión de una parcela, según la sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 4 octubre de 2012.

Tal y como sucedió en la Comisión extraordinaria de Hacienda y Gobernación en la que se abordó recientemente la posibilidad, solicitada por la oposición, de pedir responsabilidad patrimonial a ambos, en el Pleno de este miércoles el PP (5) votó en contra, mientras que PSOE (2), PRC (1) e IU (1) lo hicieron a favor, según ha informado en un comunicado el Consistorio.

En su turno de intervención, Cortina ha opinado que la petición de los grupos de la oposición es "una maniobra política para desgastar" al equipo de Gobierno (PP).

Un "error"

Ha defendido el procedimiento seguido desde el Consistorio aduciendo que "todo se debió a un error" en la publicación del anuncio de compraventa de la parcela de propiedad municipal.

Según ha detallado, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) aparece el IVA cuando, ni en el informe de valoración del terreno, ni en el pliego de condiciones que permitió sacarlo a subasta, ni en el acuerdo de adjudicación "se menciona tributo alguno".

El regidor ha explicado que, "en todo momento, se actuó de buena fe y en base al informe de intervención", que consideraba que el Consistorio no debía asumir la liquidación del IVA que reclamaba la Agencia Tributaria, tanto por cuestiones de forma como de fondo.

Asimismo, en el citado informe se aludía a que en caso de que el Ayuntamiento lo hiciera, formularía "nota de reparo".

Cortina ha puesto como ejemplo de lo que le puede ocurrir a un responsable político por no hacer caso de los informes técnicos los casos de los excaldes de Camargo, a los que el juez ha inhabilitado por prevaricación por una actuación que llevaron a cabo a pesar de los informes del interventor.

El actual regidor, que era concejal cuando Diego era alcalde, ha explicado que la sentencia que multa al Consistorio por su actuación "no responsabiliza ni al alcalde ni a ninguna persona en concreto, sino al Ayuntamiento como entidad".

Ha defendido que, en esta cuestión, "no ha habido despilfarro de cantidad alguna ni nadie se ha quedado con dinero".

El alcalde se ha preguntado "qué hubiera pasado" si se hubiese pedido responsabilidad patrimonial al alcalde o a los concejales de la Corporación Local en diversos procedimientos judiciales como en el estudio de detalle del ámbito 46, la reclamación contra la adjudicación de viviendas de protección oficial en la calle Marqués de la Ensenada o en el proceso derivado de la expropiación de las Marismas Negras.