PSOE censura a PP por el recurso contra la ley gallega que permite indemnizar antes de demoler

Palacio asegura que si el recurso prospera, también afectará a la ley de Cantabria
Miguel Angel Palacio
Miguel Angel Palacio
EUROPA PRESS
Miguel Angel Palacio

El diputado socialista Miguel Angel Palacio ha acusado al PP de "ocultar" el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno central a la nueva Ley de Vivienda de Galicia, que "copia" la norma aprobada en Cantabria para indemnizar a los afectados por sentencias de derribo antes de la demolición, y ha advertido que si el recurso prospera, "afectará de forma igual" a la ley de Cantabria y el Gobierno regional no podrá indemnizar.

"En vez de dedicarse a impugnar y recurrir las leyes que aprueban las comunidades autónomas para agilizar las indemnizaciones, el camino debería ser justamente el contrario", afirmó Palacio, quien ha presentado una moción en la que insta al Gobierno de Cantabria a solicitar al de la Nación los cambios legislativos necesarios para proteger los derechos de los ciudadanos, cuando la Administración sea la condenada.

En la misma iniciativa, el PSOE insta al Gobierno a incluir en el plan de derribos todas las sentencias de demolición de todos los ayuntamientos; y a modificar la Ley del Suelo para favorecer una tramitación "más rápida, sencilla y fácil" de los planes generales de ordenación urbana.

Asimismo, Palacio propone una reprobación al Gobierno por el "engaño y frustración" que ha generado a los afectados por sentencias de derribo, "un colectivo muy sensible que lleva soportando durante años una situación muy injusta y que se merecen que les digan la verdad", dijo.

Como continuación al debate del pasado lunes en el Pleno del Parlamento, Palacio ha señalado este miércoles, en rueda de prensa, que el consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, "ha incumplido todos sus compromisos" y está "engañando a los jueces y a los afectados" por sentencias de derribo.

En este sentido, reiteró que después de más de 20 meses de mandato del PP, no se ha legalizado ninguna vivienda, ni se ha pagado ninguna indemnización, ni se ha modificado ninguna ley nacional ni regional, pese a que el consejero dijo a los afectados que esos cambios legislativos iban a permitir "legalizar casi todas las viviendas".

Palacio ha puntualizado que "a nivel legislativo las cosas están peor", porque no sólo no se ha modificado ninguna ley, sino que encima el Gobierno central ha recurrido la Ley de Vivienda de Galicia, que "copia" la aprobada por Cantabria para proteger los derechos de los afectados cuando la administración es la condenada (recurrida por el TSJC ante el Constitucional por cuestiones de carácter competencial).

"El PP aprueba la ley en Cantabria, la aprueba en Galicia y la recurre en Madrid; antes de las elecciones las aprueban, y después de las elecciones, cuando tienen los votos, las recurren", censuró el diputado socialista, quien reiteró que en el PP "engañaron antes de las elecciones y han engañado después".

"Ni Ley del Suelo ni Ley de Costas, ahora lo que nos dice que no hay atajos", afirmó Palacio tras denunciar que la modificación de la Ley del Suelo estatal, luego "negada y desmentida" por la ministra de Fomento, "ha estado presente en los compromisos del consejero durante más de tres meses".

Asimismo, señaló que antes de los comicios, el PP se comprometió a conceder anticipos a cuenta a los afectados en función del precio oficial de las viviendas y a modificar la Ley del Parque Natural de las Marismas de Santoña.

Más de un millar de viviendas

El PSOE considera que el Gobierno debe incluir en su plan de ejecución de sentencias de derribo todos los fallos judiciales que lleven aparejadas sentencias de demolición "para que sepamos realmente cuál es la magnitud del problema".

El plan del Gobierno incluye 621 viviendas, pero según Palacio, hay más de 1.000 si se tiene en cuenta la sentencia del Alto del Cuco, que afecta a 398, y "un rosario" de fallos judiciales que afectan a pequeños números de viviendas.

"Unas están habitadas y otras no, unas son de las familias que las compraron y otras de las constructoras" que las edificaron, algo que para Palacio no debe impedir su inclusión en el plan de actuación del Gobierno en materia de derribos.

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