El Gobierno de Navarra aprueba por primera vez una reducción de plantilla orgánica y suprime 336 plazas

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles, en aplicación del acuerdo adoptado el 15 de febrero de 2012, la regularización de la plantilla orgánica, suprimiendo un total de 336 plazas.

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles, en aplicación del acuerdo adoptado el 15 de febrero de 2012, la regularización de la plantilla orgánica, suprimiendo un total de 336 plazas.

De ellas, un total de 227 pertenecen a la Administración Núcleo (excluidos docentes, sanitarios, bomberos, policías forales y personal de Justicia) y 109 más en el Servicio Navarro de Salud (SNS), como resultado del proceso de externalización de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN).

El gasto correspondiente a las plazas suprimidas, según los datos del Gobierno navarro, asciende a 11 millones de euros anuales. De esta cantidad, 8,5 millones corresponden a la amortización realizada en la Administración Núcleo y 2,5 millones de euros, a la reducción de plantilla del SNS.

El promedio de empleados públicos del Gobierno de Navarra ascendió en 2012 a 24.402 trabajadores, distribuidos del siguiente modo: SNS, 9.657 trabajadores; Educación, 8.813; Policía Foral, 1.060; Agencia Navarra de Emergencias, 566; Administración de Justicia, 535; y resto de la Administración Núcleo, 3.771. Con esta regularización, la Administración foral se aproxima a niveles de empleo público de 2008, con 24.138 trabajadores de promedio.

En concreto, las 227 plazas suprimidas en Administración Núcleo corresponden principalmente a vacantes por jubilación generadas en los tres últimos años (2010, 2011 y 2012) y que no han sido cubiertas, asumiendo sus funciones el resto de empleados del correspondiente departamento u organismo autónomo.

Las 109 plazas amortizadas en el Servicio Navarro de Salud como consecuencia del proceso de externalización de la cocina del CHN corresponden a nueve empleados de nivel C (cocineros), uno de nivel D (gobernanta) y 99 de nivel E (servicios generales). En estos casos, la amortización sí ha conllevado la extinción de los contratos del personal temporal que las ocupaba.

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