El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ha condenado a un hombre a seis meses de cárcel por construir una casa de 120 metros cuadrados sin licencia y en suelo no urbanizable de Villanueva del Río y Minas, edificación que deberá demoler a su costa, lo que contrasta con otra sentencia del mismo Juzgado en la que éste no ordenaba la demolición de una vivienda construida en el mismo paraje.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado condena al acusado, A.G.M., a seis meses de prisión y el pago de una multa de 720 euros por un delito contra la ordenación del territorio, así como a demoler lo construido, ya que el Código Penal establece que "los criminalmente responsables de un delito o falta lo son también civilmente de los daños y perjuicios producidos".

La juez considera probado que el imputado, sin contar con licencia para ello, construyó en octubre de 2006 en la parcela 'La Motilla' una casa de 120 metros cuadrados de una sola planta, una caseta de aperos de labranza de nueve metros cuadrados, una fila de bloques prefabricados de unos 27 metros lineales, a ras del suelo que sirve de separación entre las dos parcelas, un pozo ciego y otro soterrado en el cuarto de apero.

La parcela está situada en suelo clasificado como no urbanizable por las normas subsidiarias municipales de la localidad, por lo que la edificación "no es autorizable o legalizable" conforme a dicho planeamiento municipal, por no estar permitida en esa clase de suelo construcción de ninguna clase. El valor de reposición del suelo a su estado original asciende a 3.000 euros.

El acusado admitió ser el titular de la parcela y haber realizado, a su costa, la edificación, por lo que el dolo "se infiere del conocimiento inequívoco" por parte del imputado de la zona, que "a primera vista, es agrícola", a lo que se suma que "no consta que solicitara la correspondiente licencia para construir en la zona o autorización alguna del Ayuntamiento para comenzar la construcción".

La juez dice que a dicha zona "se accede por un camino rural no asfaltado, y es manifiesto que el número de construcciones es escaso, estando todas ellas rodeadas de terrenos cultivables", añadiendo que, "inequívocamente", la construcción del acusado "no es un cuarto de aperos y es muy superior a la superficie autorizada para la zona". "La alegación de desconocimiento es imposible de estimar", añade.

El condenado alegó en su defensa la posibilidad de legalización posterior de lo edificado, ya que "se han iniciado por el Ayuntamiento los trámites necesarios para la modificación del PGOU actual", pero la juez recuerda que esta cuestión "ya ha sido objeto de valoración en múltiples ocasiones" por las diferentes audiencias provinciales.

Estas "concluyen, si no unánimemente, sí mayoritariamente, que el inicio de un proyecto de regularización del terreno por particulares o administraciones no es impedimento para la apreciación de la punibilidad de la conducta, pues la infracción se comete vigente la calificación que impide la construcción y no puede condicionarse a ulteriores calificaciones, pues siempre el suelo de la naturaleza que sea es susceptible de otro encuadramiento con el transcurso del tiempo".

Agrega la juez que, en el presente caso, la modificación que se pretende "está en fase inicial", e incluso el arquitecto municipal dijo que el tema "se está estudiando", lo que constituye "la única prueba practicada en relación con la pretendida reforma del PGOU", que es "manifiestamente insuficiente para valorar si hay efectiva posibilidad de que la zona sea legalizada en un futuro próximo".

"Nada parece indicar la posibilidad de reclasificación de los terrenos, lo cual requiere una larga tramitación que puede culminar o no con un pronunciamiento favorable a la urbanización, y en la que se insta no sólo una actuación directa de varias administraciones públicas, sino de los propios interesados, a los efectos de dotar de las infraestructuras necesarias a una urbanización que, por el momento, es ilegal", señala.