La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha iniciado el expediente de expulsión de este ente del Ayuntamiento de Becerreá (Lugo), después de que su alcalde, el socialista Manuel Núñez, "entorpeciese" la labor de derribo de una vivienda.

Por dos veces, tanto el alcalde como un grupo de vecinos de este municipio evitaron la demolición de una casa, ubicada en la parroquia de Lamas. "El pueblo de Becerreá se está solidarizando de una manera ejemplar con este vecino", manifestó el regidor en enero, cuando se evitó el derribo.

El documento de inicio del expediente señala que la autoridad municipal "no sólo no colaboró con las labores" de la agencia, sino que las "entorpeció", puesto que "es manifiesto que el alcalde de Becerreá llevó a cabo una actitud activa para impedir la demolición de una vivienda unifamiliar en ele lugar de Campo da Feira", en el Ayuntamiento.

Este trámite se ha realizado a propuesta de su consejo ejecutivo y se debe, según explica la Xunta en un comunicado, a que el Ayuntamiento de Becerreá como municipio adherido a esta agencia, "entorpeció" la labor de esta entidad en este municipio en materia de ordenación del territorio y el cumplimiento de la legalidad urbanística.

Así, la Aplu remitió al alcalde del Ayuntamiento de Becerreá un escrito en el que se le informa de esta decisión debido al "incumplimiento grave" de los compromisos asumidos en el convenio que firmó con esta agencia y de las obligaciones establecidas en los estatutos. La administración está adherida a la agencia desde enero de 2009.

OBLIGACIONES

En el artículo 11 de los estatutos de este ente, se establece como obligación de los miembros adheridos, la de prestar cooperación y asistencia activa a la Aplu para "el eficaz ejercicio de sus competencias".

Tal y como se recoge en el artículo 12 de los estatutos, recoge la Xunta, los ayuntamientos que incumplan sus obligaciones de forma grave podrán ser expulsados del consorcio.

La Axencia Urbanística recuerda que en junio de 2001 se "declararon ilegalizables" las obras de estas viviendas, porque estaban ejecutadas en suelo rústico no urbanizable de protección paisajística, por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico vigente y se ordena su demolición.

En este sentido, señala que el Ayuntamiento de Becerreá "dispuso de doce años" para solucionar el problema de legalidad urbanística que afecta a la vivienda, pero recrimina que "no actuó con la agilidad debida al no aprobar en todo este tipo" el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

Multas coercitivas

La Xunta explica que después de varias multas coercitivas, en junio de 2010, la Aplu dispuso la ejecución forzosa, mediante la ejecución subsidiaria por cuenta de lo obligado. Contra la resolución no se interpuso recurso, ni por la vía administrativa, ni por la vía judicial. Además, se solicitó autorización judicial de entrada en el domicilio, que fue concedida en noviembre de 2012.

"La Axencia da Protección da Legalidade Urbanística actúa bajo el cumplimiento de la legalidad actualmente vigente y al amparo de un resolución judicial", señala el Gobierno gallego, que recuerda que la ley de ordenación urbanística incluye que "en ningún caso podrá la administración dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden urbanístico vulnerado".