La flota gallega advierte del "impacto social y económico" por la pérdida de puestos de trabajo en el sector si se materializa una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que ponga fin a los descartes, como pidió el Parlamento Europeo.

Esta medida supondría, en la práctica, "parar los barcos" que faenan en caladeros de pesquerías mixtas, debido a la vigencia de un sistema de TAC y cuotas, según denuncia el gerente de la asociación de Armadores de Vigo (Arvi) José Ramón Fuertes. Si un buque captura especies de las que no tiene asignada ninguna posibilidad, su descarga en puerto se traduciría en una multa y es por ello que se arroja la pesca accesoria al mar, explica.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de Arvi y la de la Organización de Productores de Pesca de Lugo (OPP07), Mercedes Rodríguez, llaman la atención sobre la necesidad de "modificar" el sistema de gestión, al aseverar que "descartes cero y TAC y cuotas no son compatibles".

De este modo, reclaman al Consejo y a la Comisión que modulen la propuesta y piden al Gobierno central que "trate de hacerse comprender" con argumentos científicos en defensa de la actividad de la flota española. "No quiero ser derrotista, pero queda por delante una tarea ardua", constata Fuertes.

El pleno de la Eurocámara aprobó este miércoles por una amplia mayoría que la reforma de la PPC ponga fin de manera progresiva a los descartes, para que la flota no pueda devolver al mar las capturas, en la mayoría de los casos ya muertas.

La actividad de más de cien barcos en riesgo

José Ramón Fuertes critica que la reforma de la política pesquera se oriente por "ONG ultraconservacionistas" dejando a un lado la repercusión sobre el sector pesquero, que "comparte el objetivo de conservación de los recursos, pero no las formas".

Así, censura que se pretenda "la conservación de los recursos a costa de reducir el empleo y parar barcos" y avisa de que con la prohibición de los descartes se pondría en riesgo la continuidad de la actividad 110 barcos españoles que trabajan en pesquerías mixtas y tienen de media 12 tripulantes abordo.

Alerta, igualmente, de que la flota gallega se verá abocada a dirigirse a "terceros países", en África, América, Asia "y donde haga falta", puesto que los consumidores siguen demandando productos pesqueros y la flota "lo que sabe hacer es pescar, pero también conservar los recursos, ya que vive de ellos".

"el no va más"

En cuanto a la posibilidad de que se prohíban el arrastre y el enmalle en el plazo de dos años, critica que "lo que quiere Damanaki —la comisaria de Pesca— es el no va más", puesto que "la ONU y la FAO dicen que hay que regular la actividad y proteger los recursos, pero no prohibir artes de pesca".

Así, apuesta por "la regulación" y rechaza el veto, y, con el objetivo de "explicar" el punto de vista de la flota, indica que los armadores, "junto a todo el sector europeo" —Cepesca y Europeche—, se coordinarán para tratar de evitar la prohibición.

"adecuar las normas"

Por parte de la OPP07 de Lugo, Mercedes Rodríguez, lamenta "que se haga más caso a quedar bien con el tema ecológico sin entrar en las consecuencias económicas y sociales" de los descartes.

"Lo ideal", asegura, "sería poder traer a tierra todo lo que entra en una red". "Pero hay circunstancias al margen de la propia actividad pesquera —el establecimiento de TAC y cuotas— que impiden hacerlo", explica.

Por ello, incide en que "el sector pide adecuar las normas a la actividad pesquera y permitir la eliminación gradual de los descartes", porque "no se puede matar moscas a cañonazos" y las consecuencias "pueden ser muy graves" en términos de pérdida de empleo.

Todas las artes asociadas a la organización "realizan descartes en mayor o menor medida", aunque, como señala, "el arrastre sería la principal afectada". "Esperamos que ahora se pueda arreglar", destaca, por las negociaciones que comienzan y que concluirán en el Trílogo —con el Consejo de Ministros y la Comisión Europea— para delimitar la nueva PPC.