La Confederación Española de Pesca (Cepesca) destaca, tras la aprobación del Informe Rodust este miércoles en el Parlamento Europeo, que el sector pesquero comparte el objetivo de reducir "al máximo" los descartes, pero insiste en que "la única forma de lograrlo es hacerlo de manera gradual".

"Desde el realismo y con objetividad, analizando pesquería a pesquería y a partir de una flexibilización en los sistemas de gestión pesquera en la Unión Europea, junto con medidas técnicas y comerciales, que sean aceptadas por los pescadores", incide la organización.

A través de un comunicado, su secretario general, Javier Garat, llama a "reflexionar sobre la causa" de los descartes y "modificar aquella normativa comunitaria que, por su rigidez", los "fuerza". Al tiempo, pide "que se preparan soluciones en tierra para dar salida a estos productos que no obedecen al capricho de los pescadores sino a la rigidez de la gestión pesquera".

"Es fundamental que este camino hacia la reducción de los descartes sea gradual, tratando los problemas específicos de cada pesquería con soluciones a la medida", destaca.

Garat critica que el informe aprobado este miércoles "sigue apostando por una gestión desequilibrada, rígida y alejada de la realidad de la pesca, en la que flota, tripulaciones, industria y sociedades costeras se convierten en especies vulnerables en peligro de extinción".

La Eurocámara lo ha sacado adelante por 502 votos a favor, 137 en contra y 27 abstenciones, y será la base que llevará al Trílogo para negociar con el Consejo de Ministros y la Comisión Europea la nueva Política Pesquera Común (PPC).

"dando la espalda a lo socioeconómico"

La decisión del PE, apunta Garat, "lejos de mejorar la propuesta de reforma de la PPC de la Comisión introduce nuevas enmiendas que alejan la gestión pesquera de la realidad". En ella, critica que "la sostenibilidad se limita solo a lo medioambiental, dando la espalda al carácter social y económico de la actividad pesquera, al tiempo que aleja el espíritu de la PPC de sus objetivos".

En esta línea, expresa su convencimiento acerca "de que es esencial una flexibilización de los sistemas de gestión pesquera comunitarios que se orienten hacia una gestión basada en derechos individuales transferibles en toda la UE, con fundamento en la ciencia y la investigación aplicada y con una actualización del principio de estabilidad relativa".

Estudio caso por caso

Cepesca pide a la Comisión que haga un estudio de las causas del descarte en cada pesquería, que evalúe el impacto socioeconómico y que recomiende las medidas de reducción de descartes más apropiadas para cada caso.

Estas medidas deberán estar contempladas en planes plurianuales de gestión donde se deberán marcar los plazos para lograr el objetivo de reducción de los descartes, según indica la organización.

Este estudio "deberá tener en cuenta la exclusión de algunas especies como descartes y la problemática derivada de la obligatoriedad de la descarga en puerto", resalta.

Excluir a jurel y bacaladilla

En particular, considera que "se deberían excluir las que tengan acreditado científicamente un alto porcentaje de supervivencia tras la devolución al mar o las que presenten problema de conservación a bordo en pesquerías de más de 24 horas, como es el caso del jurel o la bacaladilla en la flota de Gran Sol, que tras doce días de marea, a bordo crearía problemas de higiénico-sanitarios en los buques".

También, a su juicio, "hay que buscar una solución para aquellas especies asociadas a otras pesquerías mixtas que pasan a ser descartes por no poseer cuota, por lo que es necesario tener en cuenta en la normativa la composición real de las capturas de cada lance de los diferentes artes de pesca".

Acercamiento de posturas en marzo

"Esperamos que estos argumentos sean tenidos en cuenta en el duro debate que se prevé en el seno del Trílogo donde Parlamento Europeo, Consejo y Comisión tendrán que acercar posturas, allá por el mes de marzo, para lograr una Política Pesquera Común que nos gobierne hasta 2020", subraya.

La votación de este miércoles, según constata Cepesca, es "especialmente relevante porque es la primera ocasión en que el PE tiene poder de codecisión, junto con el Consejo Europeo (los Veintisiete países de la UE), en materia de pesca".