El caso Gürtel se extiende en la Comunitat Valenciana. El magistrado instructor del conocido como caso de la financiación irregular del PP valenciano, José Ceres, ha abierto tres nuevas piezas separadas que se unen a las tres ya existentes.

La cuarta tiene que ver con presuntas irregularidades en la contratación de Radiotelevisió Valenciana (Canal 9) con la empresa Teconsa por el alquiler de pantallas de vídeo y sonorización en la visita del Papa a Valencia en 2006, y en la que "pudiera haber intervenido el denominado en la inhibición el Grupo Correa", según el escrito judicial. Ve posible prevaricación y cohecho. El entonces director de RTVV, Pedro García, podría haber recibido dádivas, según se desprende de las diligencias practicadas.

La quinta pieza abordará presuntas irregularidades en la contratación pública del Gobierno valenciano con Orange Market, la filial en Valencia del Grupo Correa, en la que podría haber cometido prevaricación. El origen de esta investigación está en un informe policial de la UDEF que el juez pidió investigar en el auto sobre la pieza tercera dictado el pasado 12 de diciembre y que recoge contrataciones de multitud de organismos del Consell para el montaje del stand de Fitur del año 2009. En este listado se incluyen los pabellones de entes como La Luz de las Imágenes, Masters Golf de Castellón, Ciudad de la Luz, Volvo Ocean Race, Copa del América, Circuito de Fórmula 1 de Valencia…

El magistrado pedía en aquel auto que se investigue si se trocearon los contratos y si la red acabó cobrando 425.000 euros a través de esta fórmula, como indican anotaciones encontradas por la Policía. De esta pieza, según el auto dado a conocer hoy, quedan excluidos los contratos relacionados con la Agencia Valenciana de Turismo, ya que se incluyen en la tercera, cuya instrucción ya está avanzada.

La última investigación separada se centrará en posibles delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market y de sus sociedades, tanto en falsedad como en fraude del IVA.

En el mencionado auto dictado el pasado mes de diciembre sobre la primera pieza separada, que se centra en adjudicaciones de Turismo a la trama corrupta entre 2005 y 2009, el juez vio indicios de prevaricación y tráfico de influencias en las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such.

En el primer caso, la Fiscalía pidió 11 años de cárcel e inhabilitación para la segunda y pidió archivar el caso por lo que se refiere al exvicepresidente Vicente Rambla. Las otras dos piezas en fase de instrucción hacen referencia a posible delito electoral en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y a falsedad documental en los generales de 2008, es decir, presunta financiación irregular del PP regional.

El TSJCV ha optado por fragmentar la investigación del caso Gürtel en diferentes piezas para agilizar su tramitación y evitar que esta se dilate en exceso en el tiempo. De hecho, la primera de ella, mencionada anteriormente, se encuentra a las puertas de la celebración del juicio oral.