Al menos uno de los cuatro jefes de servicio de la Diputación de Ourense que

han declarado este martes ante el juez que instruye la causa abierta contra el expresidente provincial José Luis Baltar por prevaricación en la contratación de personal, se ha reafirmado en la urgencia de los contratos temporales que solicitó en un informe del día 8 de enero de 2010.

Así lo ha expresado, en declaraciones a los medios tras declarar durante una hora ante el magistrado Leonardo Álvarez, el jefe del negociado de Formación de la Diputación de Ourense, Carlos Castiñeiras Rois, que este martes compareció en el juzgado con otros tres jefes de servicio y el exinterventor de la Diputación.

Este funcionario ha detallado que el día 8 de enero hizo un informe para pedir con "urgencia inaplazable" tres contratados temporales al entonces presidente de la Diputación, que ese mismo día y en los siguientes recibió peticiones semejantes de otros servicios.

Además, fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que los cuatro jefes de servicio que declararon este martes justificaron la urgencia de un total de 20 contratos temporales con informes fechados justamente entre los días 8 y 12 de enero de 2010, y fueron realizados con decretos recogidos en la querella de Fiscalía, con fechas coincidentes.

En ese texto constan 46 contratos realizados mediante tres decretos manuscritos de José Luis Baltar con fecha del día 15 de enero de 2010, en fechas previas al congreso provincial de su partido en el que resultó elegido su hijo, Manuel Baltar, actualmente también presidente de la Diputación ourensana.

Urgencia por la redacción de un plan

También ha explicado brevemente Castiñeiras que la urgencia argumentada en su informe se debía a la puesta en marcha de un Plan Provincial de Formación para implantar la administración electrónica. "Y esto provocó una situación de excepcionalidad en la que el propio ministerio se vio forzado a ampliar el plazo inicial para presentar estos planes", ha justificado.

Para avalar la urgencia, también ha apuntado que su servicio contaba con dos personas que estaban de baja justificada en enero de 2010, así que el día 8 pidió, en un informe a la Presidencia de la Diputación, tres contratados temporales. De ellos, uno de los trabajadores ya había trabajado antes en la institución y sigue trabajando en la actualidad, según Castiñeiras.

La urgencia implica un proceso diferente

Además del jefe del Negociado de Formación, este martes han declarado en el juzgado de Ourense el exinterventor del organismo provincial y actualmente secretario en Azuqueca de Henares, José María Baños, y los también jefes de servicio Ángel Cid, en el Pazo de Deportes; Carlos Martínez, en la Imprenta Provincial; y José Juan Cerdeira, de Fomento de Empleo.

Los abogados de las acusaciones populares, ejercidas por PSOE y Manos Limpias, y sin presencia del fiscal jefe por segundo día consecutivo, preguntaron a los testigos por la urgencia esgrimida como argumento para los 104 contratos objeto de la querella.

"Es importante este punto porque, teóricamente, los procesos de contratación urgente no son los mismos que los ordinarios y, por ejemplo, constatamos que en los realizados en la Diputación no hubo una comisión de control de esos contratos, y el juez tendrá que dirimir si eso se debió a la urgencia", ha señalado el letrado del PSOE, José Arcos.

BALTAR,

"solo y sin argumentos"

En cuanto a su punto de vista sobre las declaraciones, Arcos ha opinado que fueron "contundentísimas" y que supusieron un "avance cualitativo" respecto a las de los dos días anteriores.

De hecho, a su entender, "algunas declaraciones de hoy dejaron al expresidente Baltar solo y sin argumentación en lo que se refiere al soporte legal que pueda invocar" para justificar los 104 contratos temporales investigados por el juez instructor tras una querella de la Fiscalía.

En ese sentido, ha remarcado que los testigos de este martes también dejaron claro que no se cumplieron los principios constitucionales de mérito, capacidad y publicidad en los contratos públicos.

Según el texto de la querella, al que ha tenido acceso Europa Press, los 104 contratos se reparten entre tres decretos del día 15 de enero de 2010 para 46 empleos; dos decretos del día 29 de enero de 2010 para otros 45; dos decretos más del día 12 de febrero para 11 contratos; y un decreto del día 17 de marzo de 2010 para dos contratos más.

Mañana declara baltar

El expresidente de la Diputación declarará el miércoles día 6 de febrero como querellado por un posible delito continuado de prevaricación y será la última de las declaraciones previstas hasta ahora en el proceso de instrucción.

Por su parte, en los días siguientes, ambas acusaciones populares, según indicaron, presentarán nuevas peticiones de pruebas y testimonios, además de las que pueda añadir el juzgado de instrucción.

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