La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de dos prestamistas acusados de estafar a un matrimonio, que acudió a ellos ante una situación de necesidad, ya que su vivienda en Langreo iba a ser subastada por una deuda impagada. La vista oral está señalada para este miércoles, 6 de febrero de 2012, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas. Los acusados son J.C.A.E. y J.C.F.G. y el fiscal pide para cada uno seis años de prisión.

La Fiscalía relata que un matrimonio, a consecuencia de que su vivienda, ubicada en La Felguera, iba a ser subastada el 4 de mayo de 2007 por causa de un procedimiento ejecutivo que se seguía en un Juzgado de Langreo, instado por una empresa y cuya deuda ascendía a 11.200 euros, acudió unos días antes de esa fecha a una entidad prestamista regentada por los acusados con el objetivo de obtener financiación para levantar ese embargo y subasta.

Los acusados les ofrecieron su ayuda, aunque no se concretó una cantidad específica. Sin embargo, conocedores de la situación de necesidad de la pareja, pues además sabían que tenía otras deudas y que la vivienda a subastar tenía también una hipoteca con un banco, urdieron un plan para aprovecharse de ella.

Así, el mismo día de la subasta, el acusado J. C. A. E. llevó al matrimonio a una sucursal bancaria en La Fresneda, donde informó a la mujer de que él y su socio les iban a prestar 86.000 euros y así podrían alzar no sólo el embargo sino también renegociar otros préstamos y deudas y la hipoteca que pesaba sobre esa finca.

Entonces, J. C. A., para aparentar la solvencia de su oferta, le presentó a la mujer dos cheques librados a su favor por una entidad bancaria contra la cuenta de su sociedad, uno por importe de 30.000 euros y otro por 44.800, y le pidió que los firmarse por la parte de atrás, con su DNI, y que se los entregara ara su cobro.

El acusado le manifestó igualmente que acudiría inmediatamente al Juzgado de Langreo para cancelar la subasta, pagando los 11.200 euros, y posteriormente se haría cargo de la gestión de las demás deudas.

La mujer, confiada en la conducta del acusado y apremiada por la inminencia de la subasta, firmó los cheques y se los entregó a J. C. A. E., desplazándose a continuación a una notaría de Gijón con su marido, donde ambos firmaron una escritura de préstamo garantizado con hipoteca sobre dos fincas de su propiedad, la de La Felguera y otra situada en Gijón, estableciéndose un plazo de devolución del crédito de dos meses, con unos intereses ordinarios del 8% y moratorios del 22%.

J.C.A.E., sin bien acudió al Juzgado de Langreo a hacer entrega de esos 11.200 euros, nunca entregó ningún importe de los dos cheques a la mujer, ni realizó ninguna otra operación a favor de los perjudicados, aparentando además, junto con el otro acusado y mediante un artificio contable, haber hecho el préstamo de dinero al matrimonio.

Así, J. C. F. G., ese mismo día, realizó en el banco un ingreso de 30.000 euros en la cuenta de la sociedad, que luego sacó con el cheque de ese importe. Esa cantidad se la dio a continuación al otro acusado, quien, inmediatamente, volvió a ingresarla en la cuenta, más dos aportaciones de 7.900 euros realizadas por cada uno de los acusados para así obtener la cifra de 44.800 euros. Posteriormente, retiraron esa cantidad con otro cheque.

De este modo, siempre según Fiscalía, los acusados lograron injustamente y con engaño, a cambio de desembolsar 11.200 euros para cancelar una deuda, tener un crédito a su favor de 86.000 euros (sin haber entregado nunca a sus deudores 74.000) y garantizado con una hipoteca sobre dos inmuebles de sus víctimas. Además, como consecuencia de la no devolución de ese préstamo de 86.000 por parte del matrimonio, Gestores del Patrimonio ejecutó la hipoteca frente a las viviendas de La Felguera y Gijón.

Igualmente, J. C. F. G., de mutuo acuerdo con el otro acusado, a fin de lograr su impunidad y enmascarar la operación, confeccionó (el mismo u otra persona por encargo suyo) un documento en el que supuestamente se reconocía por parte del matrimonio haber recibido el 3 de mayo de 2007 la cantidad de 86.000 euros (11.200 euros destinados al levantamiento del embargo), imitando sus firmas, y que fue presentado en las Diligencias Previas abiertas por estos hechos.

La Fiscalía considera que los acusados son autores de un delito de estafa de los artículos 248 y 150.6 del Código Penal (cualificada por razón de especial gravedad) y de un delito de falsedad en documento privado, y solicita que se condene a cada uno de los acusados a seis años de prisión y el pago de una multa de 4.050 euros. Se pide igualmente que se proceda a la declaración de nulidad de todo el negocio jurídico fraudulento (escritura de préstamo y garantía hipotecaria) y reposición de efectos y cantidades a la situación que existía antes de los hechos.

En caso de imposibilidad de restitución de los inmuebles (adquisición por tercero de buena fe o situación análoga), se solicita que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen al matrimonio con su equivalente económico en el mercado en ese momento, según tasación pericial. Como daño moral, se pide igualmente que, de forma conjunta, paguen al matrimonio 15.000 euros.