El 74 por ciento de los abogados de Castilla y León que fue encuestado por Metroscopia en el Barómetro de Opinión de la Abogacía Española encargado por el Consejo General de la Abogacía (CGAE) reconoce que la crisis está dificultando vivir del ejercicio profesional y un 66 por ciento afirma tener conocimiento de compañeros que están sufriendo apuros económicos.

En las respuestas de los 150 abogados de la Comunidad Autónoma que respondieron a las cuestiones planteadas por el Barómetro se trasluce un importante malestar y gran descontento con el momento que atraviesa la profesión y, por extensión, la Justicia española.

Así, el 79 por ciento califica de malo el funcionamiento de la Justicia, el 77 considera que el ministro Gallardón "va improvisando" las medidas que se adoptan -frente a un 20 que cree que "tiene las ideas claras y sabe lo que hace"-, y una amplísima mayoría se muestra contrario a la implantación de las tasas judiciales.

En este sentido, el 97 por ciento cree que el Ministerio debería haber buscado el acuerdo con las partes implicadas antes de promover la aplicación urgente de la ley, el 89 por ciento suscribe la afirmación de que las tasas darán lugar a "una Justicia para ricos o para muy pobres -quienes tengan el beneficio de la Justicia Gratuita- y otra para el resto de la sociedad", a la que no compensará acudir al juez, y el 93 consideran que producen indefensión.

Por último, se muestran radicalmente disconformes con la idea transmitida por el Gobierno de que las tasas servirán para financiar la Justicia Gratuita, puesto que el 95 por ciento de ellos (un cinco por ciento más de la media nacional) defiende que es el Estado quien tiene la obligación de financiarla, y no los propios usuarios de la Justicia.

Es especialmente llamativo que un 92 por ciento considere que "los gobiernos, del signo que sean, muestran por lo general más interés en tratar de controlar a la Justicia o de influir sobre ella que en emprender una mejora a fondo de su funcionamiento que la modernice y la haga plenamente eficiente".

Porcentajes similares defienden que la legislación procesal necesita "una profunda revisión" y que habría que potenciar métodos alternativos de solución de conflictos que aliviaran la carga del sistema judicial.

A la hora de opinar sobre la independencia de los jueces, los abogados de la Comunidad Autónoma se encuentran entre los más críticos del país, puesto que, frente al resultado de la encuesta en otras zonas, que registran porcentajes más elevados, -hasta del 73%-, sólo el 61% de los castellano-leoneses piensan que los jueces deciden sin sucumbir a presiones o influencias externas.

Sin embargo, el 83% sigue pensando que con todos sus defectos e imperfecciones, nuestra Administración de Justicia representa "la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades".

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