La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar) ha señalado que el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha construido una "realidad virtual" al decir que la reducción del 20% en el sueldo y horario de 3.300 trabajadores de la Comunidad Autónoma no va a afectar a la prestación de los servicios públicos.

En un comunicado de prensa, la Plataforma ha indicado que la visión que tiene el consejero "no tiene nada que ver" con la situación "real" que se ha generado en los servicios públicos de Canarias tras la rebaja del 20%.

La Pepar considera de "suma gravedad" que el consejero responsable de los empleados públicos asegure "cínicamente" que este recorte no está afectando de manera "trascendental ni apreciable" a la prestación de los servicios públicos. "O bien miente, o bien desconoce totalmente los problemas derivados de la aplicación de la medida", apuntan.

La Plataforma ha detallado que en la Consejería de Asuntos Sociales la afección de esta medida es al 80% en el departamento encargado de tramitar las solicitudes de la Ley de Dependencia, llegándose al cien por cien en el caso de los técnicos que visitan a los usuarios y preparan los informes de valoración.

La Pepar estima que con esta medida se atenderá a 2.000 personas menos al año, y habrá 1.000 valoraciones menos y 1.000 programas de atención individualizada menos en este año 2013.

La Plataforma ha indicado que Canarias es ya la segunda Comunidad Autónoma por la cola en lo que respecta a la aplicación de la Ley de Dependencia, y advierte de que estos recortes podrían situarla como la primera por debajo. De hecho, recuerda que en su último informe, el Diputado del Común se mostró alarmado ante el número de quejas recibidas por "excesivo retraso" en la tramitación de solicitudes de ayuda.

En los servicios centrales de Educación, añade la Pepar, la atención ciudadana se ha visto "saturada" y cada día se producen "incontables" colas de estudiantes preguntando por sus becas, pues muchos de los empleados públicos que se encargaban de su tramitación y de su grabación son funcionarios interinos o personal laboral temporal o indefinido afectados por la reducción salarial y de jornada.

En el departamento de Ordenación del Territorio son 40 los empleados públicos afectados, de los cuales 35 son técnicos que informan todo el planeamiento de Canarias, planes generales e insulares de ordenación, planes territoriales de ordenación o proyectos de actuación territorial, de forma que la Plataforma estima que se producirán "graves retrasos" en la tramitación de estos documentos.