La empresa pública Giahsa ha denunciado este viernes ante la Guardia Civil y los Juzgados Contencioso-Administrativo "la ocupación" de sus instalaciones en el municipio de Cartaya (Huelva), después de que miembros del gobierno cartayero, técnicos municipales y agentes de la Policía Local "hayan asaltado durante esta mañana sucesivamente y sin mediar ningún tipo de aviso, tanto la depuradora ubicada en El Rompido como los depósitos generales de ambos núcleos y el Punto Limpio".

Según ha informado Giahsa en una nota, desde el Ayuntamiento se ha procedido a "expulsar al personal de Giahsa, precintar los accesos y cortar las comunicaciones telecontroladas de las instalaciones". Este hecho, abordado desde "la temeridad y la mala fe", resulta "de todo punto intolerable por la irresponsabilidad que encierra ante lo estipulado por la autoridad judicial", que este mismo jueves "intervenía en el litigio entre MAS y el Ayuntamiento al abrir un plazo de audiencia a las partes antes de decidir si suspende cautelarmente o no el procedimiento de adjudicación por emergencia emprendido por el municipio".

Apuntan que "los asaltantes, además, han cortado las comunicaciones centralizadas de telecontrol de las instalaciones, lo que genera un grave riesgo para la salud pública, circunstancia que se ha puesto en conocimiento también de la administración sanitaria".

Estiman desde Giahsa que hay que subrayar "una incorrecta manipulación" de los distintos mecanismos que activan esas instalaciones puede "entrañar riesgos para la salud población, especialmente en el caso de los depósitos reguladores, que surten de agua potable a los hogares".

De igual modo, apuntan que "se impide la normal prestación de los servicios, además de afectar a los municipios colindantes y a multitud de usuarios, ya que al haberse impedido el acceso al personal de Giahsa no se podrá atender cualquier incidencia que se produzca en las próximas horas".

La actuación, "impropia de una administración pública", rebasa, a juicio de empresa pública, "las más elementales reglas", y supone "una burla a la legalidad y a las posibles decisiones de los tribunales de justicia".

"consecuencias" a otros municipios

Además, consideran que "con esta ocupación por la vía de la fuerza, que incluye el corte de los sistemas de comunicación con la sede central", el Ayuntamiento "están generando también consecuencias negativas para los ciudadanos de otros municipios", puesto que la operatividad de algunas estas instalaciones "no se circunscribe únicamente a los dos núcleos de población cartayeros".

Las respectivas direcciones de Giahsa y de la Mancomunidad Provincial de Servicios (MAS), en vista de la "tremenda" gravedad de los hechos, los han puesto "de inmediato" en conocimiento de la autoridad judicial y, al mismo tiempo, han presentado las correspondientes denuncias ante la Guardia Civil.

Desde MAS, se ha mostrado el rechazo "más absoluto" hacia esta forma "complemente intolerable de apoderarse, por la fuerza y sin atender a razón alguna, de las instalaciones mancomunadas". De ese modo, el equipo de gobierno formado por el grupo Independiente y el Partido Popular, "no ha tenido el menor pudor en pisotear la justicia, los derechos de los demás municipios y, encima, hacerlo con evidente riesgo para la población a la que se presta servicio desde esas instalaciones".

Judicialmente, insisten desde Giahsa, "resulta demencial comprobar cómo los responsables municipales hacen caso omiso a lo dispuesto por la autoridad contencioso-administrativa". A pesar de la indignación provocada "por este nuevo atropello al sentido común", en Giahsa no tienen ninguna duda de que "la justicia sabrá poner freno a este nuevo despropósito, impropio de unos representantes públicos que dirigen una institución democrática".

Finalmente, subrayan que "el malestar se ha extendido, como es lógico, a los responsables de los 68 municipios restantes integrados en MAS, precisamente en este periodo de tiempo en el que se está trabajando desde todos los frentes con la colaboración de todos los ayuntamientos independientemente de su color político, para dar forma al nuevo modelo de gestión de Giahsa que posibilite su viabilidad".

"El hecho de tomar unas instalaciones ajenas por las bravas, además de entrañar mala fe, evidencia la insolidaridad y la falta de respeto del alcalde, Juan Miguel Polo, y los concejales del equipo de gobierno hacia el resto de municipios de la provincia", concluyen.