Las personas con cualquier tipo y grado de discapacidad tendrán que abonar a partir de hoy, 1 de febrero, parte de los medicamentos y productos que necesitan para valerse día a día, es decir, lo que popularmente se conoce como repago. La medida fue adoptada el pasado mes de diciembre con la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2013, que incluyó la eliminación del artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad.

Este precepto garantizaba «la financiación gratuita para los productos incluidos en la prestación farmacéutica, el catálogo ortoprotésico y ayudas técnicas a los pacientes menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, siendo extensible la prestación a los mayores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 65%».

Sin embargo, será a partir de hoy cuando entre en vigor la obligatoriedad del pago, según informaron desde el Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi).

Desde este colectivo denunciaron que la situación será más grave para las personas con enfermedades mentales, un colectivo “especialmente vulnerable que no puede abandonar la medicación y al que no se le debería exigir aportación económica alguna”. Sin embargo, desde ahora podrían llegar a pagar el 40% de medicamentos, que cuestan en algunos casos 1.000 euros.

De esta forma, las únicas excepciones serán las personas diagnosticadas como grandes incontinentes, usuarias de sondas y pañales, y las afectadas de espina bífida y lesiones medulares, las cuales obtendrán estos productos de manera gratuita en sus centros de salud. Desde Sanidad se comprometieron a estudiar también alguna excepción en el caso de enfermos mentales graves.

Alfonso Rodríguez es el presidente de la Federación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Tiene un hijo de 29 años con trastorno de personalidad y, según ha explicado, “le han bajado el grado de discapacidad del 65 al 42%”. Así, tendrá que pagar el 40% de sus medicamentos: “Muchos abandonarán el tratamiento y acabarán ingresados en hospitales, con mayor gasto para la Administración”, asegura.