El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo reexaminará la sentencia dictada el pasado mes de mayo por la que respaldaba a España en la no renovación como profesor de Religión en el año 1997 de un cura murciano casado y padre de cinco hijos, José Antonio Fernández Martínez. La nueva sentencia se conocerá en unos 6 meses.

José Antonio Fernández ha participado este miércoles en una vista pública que ha tenido lugar en la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —el órgano máximo—, un caso excepcional ya que la Gran Sala solo interviene en casos muy contados. De hecho, el recurso de este caso cayó en un paquete de 42 casos entre los que sólo se han elegido dos.

El abogado de José Antonio Fernández, José Luis Mazón, ha asegurado en declaraciones a Europa Press, que su "impresión" es que los jueces han mostrado "bastante interés" porque de los 17 han preguntado diez magistrados y "normalmente no suelen hacer tantas preguntas".

Durante la vista, los 17 jueces han escuchado las alegaciones de los dos abogados del demandante, José Luis Mazón y Encarnación Martínez, así como las del abogado del Gobierno, que también ha realizado su intervención. A continuación, los magistrados han procedido a plantear sus cuestiones ante una sala "abarrotada" de público entre el que se encontraban la mujer y los hijos del demandante, según ha indicado Mazón.

Según ha recordado el abogado del exprofesor y exsacerdote, en la sentencia dictada el pasado mes de mayo de 2012, los siete jueces de la sala "habían cambiado el debate introduciendo como causa de despido las opiniones contrarias a la Iglesia Católica" mostradas por el demandante, algo que, según ha apuntado el abogado, "el obispo nunca expresó en su carta de despido".

Así, Mazón ha defendido ante la Gran Sala que el obispo de Cartagena, en su carta de despido, "solo alegó que era escándalo que José Antonio Fernández apareciese en prensa como cura casado con hijos" y que fue el TC el que introdujo la acusación de críticas contra el demandante. "Ese ha sido el gran caballo de batalla", ha puntualizado.

Entre las cuestiones por las que se han interesado los 17 jueces presentes este miércoles en la Gran Sala, destacan: Si la Iglesia Católica paga o no parte del sueldo del profesor o lo paga todo el Estado; si el Estado tiene algún control cuando la Iglesia despide a un profesor por violación de derechos fundamentales; y si la demora para concederle la dispensa, que tardó 13 años, de 1984 a 1997, tuvo algo que ver con el despido.

Asimismo, han preguntado al demandante el motivo por el que renunció a su condición de cura, —porque quería contraer matrimonio—; si habló o no habló con los periodistas en el acto del movimiento pro celibato opcional; o si era militante activo del movimiento, a lo que ha contestado que en aquel momento no lo era pero que acudió al encuentro invitado por unos amigos que sí eran miembros.

Mazón ha explicado que, en caso de que la sentencia de la Gran Sala sea favorable a su cliente, pedirán la reapertura del proceso laboral en España, para que le den la indemnización que le corresponde por despido, ya que, según ha indicado, su no renovación le costó varios años sin trabajar y una jubilación como empleado de museo que no es equivalente a la de un profesor de instituto.