El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha aseverado este miércoles que las universidades públicas "no han tenido carta blanca" a la hora de decidir sobre el nuevo mapa de titulaciones y ja reclamado un "gran acuerdo" en defensa de estas instituciones y de la investigación a fin de que se conviertan en "motor de un modelo de desarrollo futuro".

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz socialista en materia de Educación universitaria, Fernando Pablos, quien en el marco de la comparecencia del consejero del ramo, Juan José Mateos, para explicar el decreto sobre el mapa de titulaciones, ha asegurado que las universidades públicas no han tenido "ningún tipo de carta blanca" ya que su financiación se realiza con dinero público.

Pablos, quien ha criticado además que se haya puesto "en tela de juicio" la autonomía universitaria así como la "estigmatización" de diferentes titulaciones por las dudas sobre su permanencia en el mapa, ha abogado por el impulso de un "gran acuerdo" regional en apoyo a la Universidad y la Investigación "que pare los recortes en financiación del personal universitario y los programas de investigación y que impulse los programas de becas y ayudas al estudio que se han deteriorado gravemente en los últimos años".

Asimismo el acuerdo tendría que contemplar un compromiso con los científicos "para que tengan certidumbres de cara a los próximos años" y aunar las voluntades de universidades y agentes económicos y sociales, además de buscar que las universidades públicas no tuvieran que dedicarse "exclusivamente" a buscar su supervivencia económica y conseguir que se conviertan "en motor de un modelo de desarrollo futuro de la Comunidad basado en la Investigación, el Desarrollo y la Innovación".

El portavoz, quien ha negado el apoyo de su Grupo si el objetivo de la Consejería es mostrar que el único problema del sistema universitario es el número de estudiantes de las titulaciones, si se comparten recursos o si se fusionan, ha criticado que el mapa de titulaciones se haya planteado como un instrumento "para minorar la oferta universitaria pública" de la Comunidad.

Pablos ha cuestionado el establecimiento de la cifra de alumnos en 35 cuando el Espacio Europeo de educación Superior recomienda 20 —"¿por qué este hecho, que es sinónimo de calidad en algunas universidades privadas, se considera por ustedes un despilfarro en las universidades públicas?"— o la designación de las titulaciones "de especial interés para la Comunidad" para, a continuación, referirse a los másteres.

En este sentido y tras calificar de "sinsentido" la exigencia de 15 alumnos para la impartición de estas enseñanzas excepto, de nuevo, en el caso de los "estratégicos", el procurador por Salamanca ha recordado que la desaparición de estos títulos conllevará pérdida de ingresos ya que no precisan de la contratación de personal específico, lo que a su vez beneficiaría a las universidades privadas.

En último término, ha criticado la inclusión de un artículo en el que se contempla, como motivo para la supresión de enseñanzas universitarias oficiales, "contar con tasas de rendimiento y evaluación por debajo del 50 por ciento durante tres años consecutivos", sobre lo que ha argumentado que suprimir titulaciones que cuenten con muchos suspensos o estudiantes que no acuden a exámenes no es una decisión fruto de la reflexión.

"Lo que ahí propone es sencillamente una barbaridad", ha enfatizado para, a continuación, criticar que para "este viaje" hicieran falta "alforjas" y reclamar a Mateos que "se deje la piel" para alcanzar el mencionado "gran acuerdo" que dé certidumbre a profesores, investigadores, estudiantes y personal de administración y servicios.

Representantes del consejo de universidades

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Alejandro Valderas, ha criticado la opacidad con la que, a su juicio, se ha llevado a cabo el proceso de negociación de la reforma, "secreta o discreta", y ha centrado su intervención en la necesidad de cambiar a los representantes de las Cortes en el Consejo de Universidades "porque han perdido la condición de independencia".

Así, ha recordado que esos representantes de la Cámara fueron elegidos en el año 2003 y ostentan esa representación de manera vitalicia, por lo que ha adelantado que pedirá a las Cortes su renovación así como un cambio en el proceso de elección que contemple "incompatibilidades claras" y que cuente con una parte más social sustentada en los alcaldes de las localidades donde se ubican los campus periféricos.

Además, ha puesto en duda que el trabajo hecho "resuelva ninguno de los problemas previstos" y ha llamado a negociar con las universidades un plan de reforma administrativa y no centrada únicamente en las titulaciones.

En último término, desde el Grupo Popular Isabel Blanco ha ahondado en el objetivo de contar con cuatro universidades "excelentes" y, tras cuestionar la eficiencia de la impartición de 14 títulos en las cuatro universidades y de once en tres de ellas, ha abogado por diseñar un mapa "suficientemente atractivo" así como por llevar a cabo "un impulso reformista".

La procuradora del PP ha pedido, además, una "especial consideración" a los campus periféricos por la "función social" que desempeñan.