El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, ha afirmado estar "razonablemente satisfecho" con el acuerdo alcanzado con el Gobierno para crear una comisión donde autoridades públicas supervisen los arbitrajes de los casos de afectados por participaciones preferentes, porque incluye las dos principales reivindicaciones de los socialistas: que no haya quita para las personas estafadas y que exista una supervisión pública del proceso.

En rueda de prensa en la Cámara baja, el exministro ha subrayado que gracias a este acuerdo firmado con los 'populares' se contará con unos criterios comunes para diferenciar entre pequeños ahorradores que fueron engañados con una comercialización irregular de los inversores que conocían el riesgo, aspectos que concretará la nueva comisión.

En concreto, se tendrán en cuenta datos como si falta documentación relevante, si hay irregularidades en la misma, si no existe la firma o si el suscriptor es menor de edad o minusválido psíquico. Además, también se valorará el perfil del titular del producto, en particular el resultado del test de idoneidad, la edad, la renta, la profesión o la proporción de la cantidad reclamada con respecto al patrimonio.

Supervisión pública

Así, la comisión que se creará ex profeso para este procedimiento —y en la que estarán tanto la CNMV como el Banco de España o el Consejo de Consumidores, entre otros organismos públicos— analizará de forma "imparcial" cada expediente y determinará en qué casos la comercialización no fue adecuada de las suscripciones correctas.

Entre sus funciones se contará también la de informar mensualmente al Parlamento sobre sus avances, supervisar los procedimientos de arbitraje, fijar el perfil del inversor y de cada operación de comercialización realizada, elevar al Gobierno propuestas para mejorar la transparencia de los productos financieros y fijar el procedimiento de arbitraje, según ha detallado Valeriano Gómez.

En la ejecución de cada caso intervendrán las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde estén residenciadas las diferentes entidades financieras afectadas, si bien "cuando exista alguna materia que, dada la cuantía y las características de los casos, deba ser sometida a arbitraje en otro ámbito distinto" también podrán intervenir las autoridades estatales de competencia.

Por todo ello, el diputado socialista ha reclamado al Gobierno que "dote de medios" tanto a los organismos participantes en la comisión como "muy especialmente" a las comunidades autónomas donde se han registrado más casos, como Galicia, la Comunidad de Madrid o Valencia.

Recuperar la inversión con intereses

En cualquier caso, la "parte más importante" del acuerdo para los socialistas es la que reconoce el derecho de los preferentistas estafados a recuperar la totalidad del valor nominal de su inversión, sin sufrir quita ninguna.

En este sentido, Gómez ha precisado que el fallo del procedimiento de arbitraje tendrá en cuenta los intereses que haya generado la inversión, dado que la rentabilidad de este tipo de productos es muy superior a la de depósitos corrientes.

Por eso, a aquellos titulares de preferentes que, durante estos años, hayan cobrado importantes intereses se les descuente la diferencia de lo que habrían ganado de haber tenido invertido su dinero en productos de menor riesgo. "Ésa sería la única posibilidad de quita, para ajustar el tipo de más que se haya podido recibir porque sería injusto que, además de haber percibido un tipo de interés más alto, se le devolviera el conjunto de la inversión", ha precisado el diputado.

Por contra, en los casos donde no se hayan ingresado apenas rendimientos de esos productos los suscriptores podrían incluso recibir una cantidad superior a la inversión nominal, añadiendo los intereses que les habrían generado otros títulos.

Según Gómez, esto no entra en contradicción con el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario porque "se trata de una comercialización engañosa" por lo que "no tiene sentido imponer a sus víctimas penalizaciones". "Entendemos que los contribuyentes no tienen por qué pagar, pero cuando hay una comercialización irregular no debe abandonarse sin penalización a la entidad financiera", defienden los socialistas.

Asimismo, el acuerdo recoge explícitamente que esta solución se aplicará a las entidades nacionalizadas —Novocaixagalicia, Caixa Catalunya y Bankia—, pero también a otros bancos que puedan recibir ayudas públicas en el futuro.

Es un acuerdo "sensato"

Tras explicar los detalles del acuerdo, Valeriano Gómez ha insistido en que están "razonablemente satisfechos" con el texto que se ha pactado porque es "sensato" y se ha negociado en "un clima de buen tono, buen diálogo y colaboración" con el PP, que ha agradecido.

De hecho, ha afirmado que una vez se iniciaron las conversaciones ambas formaciones constataron que sus diferencias "no eran tan importantes" y que lo razonable es que hubiera una supervisión pública y un compromiso del Gobierno de que no habría quita para los estafados, dos condiciones sine qua non para el PSOE.

Preguntado sobre si este clima de diálogo se podría extender ahora a otros ámbitos políticos, Gómez ha señalado que en estos "momentos difíciles" hay asuntos que "merece la pena abordar" de forma conjunta, aunque ha recordado que el PSOE es el principal partido de la oposición y que su función es "controlar al Gobierno, criticar lo que no sea adecuado y colaborar".

"No tenemos ni que estar necesariamente de acuerdo en todo ni en desacuerdo en todo. Éste es un asunto donde hemos encontrado un buen ámbito de interlocución y nos hemos puesto de acuerdo, al cabo de un año por cierto, que ya es tiempo. Así que si hay ámbitos donde se puedan alcanzar acuerdos en otras materias, el PSOE nunca abandonará una posibilidad de acuerdo", ha zanjado.