El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha aprobado una moción del Grupo socialista en rechazo a los "recortes" acometidos por el Gobierno central en los fondos de los que se nutre la aplicación de la Ley de Dependencia. Por contra, y dada la mayoría absoluta de la que goza el PSOE, no ha prosperado una moción del Grupo popular reclamando a la Junta que mantenga las asignaciones para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios prestados desde las administraciones locales.

En concreto, el pleno de la Diputación provincial ha debatido, de manera conjunta, dos mociones promovidas por separado por el Grupo socialista y el Grupo popular sobre la aplicación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. La moción socialista, recogida por Europa Press, expone que el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales ha "suprimido directamente" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 los fondos destinados a los programas para menores con dificultad social, de acción para personas con discapacidad y de teleasistencia. En paralelo, el "plan concertado" del Estado para las prestaciones básicas de servicios sociales ha sufrido un "recorte brutal" del 40 por ciento y sólo cuenta con 30 millones de euros, con lo que Andalucía, por este último concepto, pasa de recibir 17 millones de euros en 2011 a 5,3 millones de euros en 2013.

Recortes en la dependencia

"La reducción de la participación estatal en el plan concertado afecta de manera directa a los servicios sociales comunitarios que llevan a cabo los ayuntamientos y diputaciones", señala la moción del PSOE, que rechaza estos "recortes en la dependencia" e insta al Gobierno a rectificar y mantener al menos las partidas asignadas en 2011 a Andalucía para la red de servicios municipales del plan concertado y la teleasistencia.

La moción del Grupo popular, de otro lado, da cuenta de la situación que atraviesan los servicios sociales comunitarios destinados a aplicar la Ley de Dependencia. Y es que el pasado 28 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía distribuyó entre los ayuntamientos y diputaciones andaluzas los créditos destinados a financiar la contratación del personal necesario para el refuerzo de estos servicios desde las entidades locales que los prestan.

El libramiento autorizado aquel día por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, como señalan los populares, fue de 10.290.871 euros, lo que constituye una caída presupuestaria de prácticamente el 50 por ciento dados los 19.945.803 euros asignados a esta materia en 2012.

Efectos en la esfera local

Este "recorte", según los populares, se refleja en el mismo porcentaje en las administraciones locales de la provincia de Sevilla implicadas en la prestación de la Ley de Dependencia, porque la Diputación, por ejemplo, destina en 2013 un total 867.023 euros para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios frente a los 1.680.457 euros consignados en 2012, situación que se reproduce igualmente en los ayuntamientos que esperaban estos créditos para inyectar dinero a los equipos municipales que prestan los servicios sociales comunitarios. Por eso, la propuesta del PP instaba a la Junta a rectificar el mencionado acuerdo de su Consejo de Gobierno y "mantener los créditos necesarios para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios".

Durante el debate conjunto de ambas mociones, la diputada del PP María del Carmen Hornillo ha defendido que la Ley de Dependencia "no nació con la dotación presupuestaria necesaria" y ha recordado la deuda contraída por la Administración andaluza con los ayuntamientos que gestionan los servicios sociales encargados de aplicar la Ley de Dependencia.

Los ere y "la cocaína"

Pero en un momento de su intervención, Hornillo ha reprochado a los socialistas la trama de la presunta gestión fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, la investigación judicial que pesa sobre la sociedad pública de capital de riesgo invercaria, participada por la Junta de Andalucía, las últimas sospechas sobre la anterior gestión socialista de Mercasevilla e incluso "la cocaína" que, siempre presuntamente, fue adquirida con dinero público por el que fuese director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. "Sí, la cocaína", ha insistido la diputada popular, quien posteriormente ha desligado sus palabras de cualquier intención de despertar una "bronca" política.

La diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, Lidia Ferrera (PSOE), ha criticado por su parte el "recorte" de 12 millones que padece Andalucía al caer los fondos del mencionado plan concertado del Estado y ha considerado "curioso" que el PP reclame a la Junta de Andalucía más financiación para la aplicación de la Ley de Dependencia cuando, desde el Gobierno central, promueve en paralelo "recortes" en los fondos de los que se nutre esta normativa. "Quieren desmantelar las políticas de dependencia", han enfatizado los socialistas.

Dado el caso, la moción del Grupo socialista ha prosperado con el respaldo de IU-CA y el voto contrario del PP y la propuesta de los populares ha sido rechazada porque, aunque dos diputados de IU-CA han apoyado al PP en esta moción, han votado en contra otros dos diputados de la federación de izquierdas y todo el Grupo socialista, que goza de mayoría absoluta.