La Rioja es una de las comunidades mejor valorada en la implantación de la Ley de Dependencia al obtener una puntuación del 6,7 por ciento, superada por Castilla y León con un 9,2 seguida del País Vasco, con un 7,5, y de Andalucía, con un 7,1, mientras que suspenden comunidades como Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta, Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón.

Así se desprende del último dictamen del Observatorio de la Dependencia que se ha publicado este jueves y donde se recoge el "desmantelamiento" de la aplicación de la Ley que están llevando a cabo algunas comunidades.

Este dictamen, el décimo, destaca que Castilla y León, País Vasco y Andalucía "destacan notablemente" en la aplicación de la Ley mientras que subraya el "invariable empecinamiento" de algunas comunidades en no aplicar las prestaciones y servicios que esta ley contempla por lo que están poniendo a sus ciudadanos "en una situación de desprotección frente al resto".

Estas comunidades, que han obtenido calificación de "muy deficientes" son Comunidad Valencia, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla aunque destaca también Aragón, que suspende por primera vez en seis años o el retroceso de sobresaliente a notable de Castilla-La Mancha. Asimismo, en el lado positivo se incorporan al grupo de comunidades que aprueban Navarra y Galicia.

Castilla y León ha obtenido una calificación de sobresaliente con una puntuación de 9,2, aunque desciende cuatro décimas respecto al dictamen de junio de 2012, cuando la Comunidad obtuvo una nota de 9,6, según los datos del Observatorio recogidos por Europa Press.

En esta ocasión, junto a Castilla y León aprueban País Vasco (7,5), Andalucía (7,1), La Rioja (6,7), Castilla-La Mancha (5,8), Cataluña (5,8), Galicia (5,8), Navarra (5,4) y Extremadura (5) mientras que suspenden Cantabria (4,2), Asturias (4,2), Aragón (3,8), Madrid (3,8)m Murcia (3,3), Baleares (2,5), Ceuta y Melilla (2,1), Canarias (2,1) y Comunidad Valencia (0,8).

"A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la Ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino en el retroceso en los principales indicadores que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CC.AA.", ha señalado el observatorio en su último dictamen.

Además de estos "graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades", el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera "preocupante".

Para el observatorio, este "frenazo" en la financiación del SAAD se percibe en el gasto por habitante/año para esta política social, "estancado" en 113 euros por habitante y año, así como en la reducción del aporte por dependiente atendido, que se ha reducido hasta los 7.000 euros por año y dependiente atendido.

Critica la "obsesiva" presión a las cc.AA.

Respecto a la política del Gobierno, el observatorio critica las llamadas "reformas para la mejora del sistema", y especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio, que, a su juicio, "no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas", así como "la obsesiva presión a las CC.AA. para que reduzcan el gasto público". "El SAAD se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible", ha señalado.

De hecho, según la asociación, los datos oficiales indican que "de la paralización del sistema se está pasando a su involución". Así, a 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con PIA) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado (1 de diciembre) constata un total de 770.949 personas con atención. Es decir, en los cinco meses que han pasado desde la aprobación del Real Decreto-ley, se han caído 9.587 personas del sistema.

230.203

En el "limbo de la dependencia"

Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas en el "limbo de la dependencia" (personas con derecho a atención pero que no la reciben), que ya representa el 23 por ciento de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. Esta cifra representa una reducción respecto a 2010, lo que, según la asociación, el Gobierno ha tratado de "vender" como un descenso en más de 75.000 personas en este "limbo" fruto de las reformas del sistema.

Sin embargo, el observatorio razona que la reducción es "un espejismo estadístico" producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015 y de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo. "El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por abandonarlas", señala el dictamen.

Este limbo también varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras. Así, las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. Mientras, en otras comunidades el porcentaje del limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal. Es el caso de Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia (37,1%), C.Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).

En el plano positivo, el observatorio señala que se constata que muchos territorios autonómicos están llegando al techo de reconocimientos de dependencia. Para la asociación, esto quiere decir que "la lógica implantación progresiva" de la Ley ha dado como resultado que en este momento se disponga de la información necesaria y actualizada de la situación de 1.272.846 personas en situación técnica de dependencia.