La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) en Andalucía ha instado a las administraciones a abandonar el "rifirrafe" de carácter político creado con la polémica de los 24 millones de euros que la Junta recibió del Imserso entre 2007 y 2011 para financiar a dependientes y que, según ha dictaminado el Tribunal de Cuentas, no pudieron percibir las ayudas porque habían fallecido —el Estado pide a la Junta que justifique los más de 4.000 casos detectados, y ésta responde que la cifra está falseada—, abogando en su lugar por buscar "soluciones" a una situación "límite".

Fuentes de la directiva regional de Feaps-A han subrayado a Europa Press que, al respecto, solicitarán una reunión para reclamar que la liza política "pare" y se haga caso a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha realizado un dictamen negativo de la tesitura en materia de dependencia a cuenta de los "cientos" de quejas de las que dispone alertando de la parálisis de estas actuaciones.

"No sólo hay que recortar, sino sostener los logros a los que se ha llegado o alcanzar un entendimiento", reivindica la confederación, que se afirma en sus expectativas de apertura de un diálogo en el que se la incluya como interlocutora y marca como "línea roja que no se puede traspasar" el trabajar por que la gente con discapacidad e interna en centros especializados no tenga que volver a sus domicilios.

Para Feaps-A, "no es de recibo" que en una comunidad autónoma como Andalucía, que históricamente ha sido una referencia en la materia, "el propio Defensor del Pueblo Andaluz alerte de algo tan gravísimo y no pase nada, no se ocupen las plazas vacías y se cierren residencias".

En lo tocante al conflicto en sí, la entidad asegura desconocer la situación, remarcando que en los centros que gestiona suele ocurrir que las personas que fallecen dejan una plaza libre "que no se ocupa".

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Andalucía, José Manuel Porras, ha indicado a Europa Press que los casos aludidos "suelen referirse más al colectivo de las personas mayores que al de las personas con discapacidad", valorando positivamente la opción de abrir una investigación "para ver lo que ocurre y en qué porcentaje".

En lo que respecta al segmento de la discapacidad, "si estos casos existen son bastante residuales", ha señalado Porras, que asegura que la situación está "bien controlada" en este particular, ya que "tenemos que plantear anualmente la fe de vida y el asunto de las pensiones, por lo que si fallece alguien se detecta muy rápidamente". No obstante, ha agregado, el tema se tratará en una reunión que el colectivo mantendrá en los próximos días por la incidencia que el mismo pudiera tener sobre el comité.