El portavoz socialista en la Comisión de Fomento del Senado, Juan Manuel Fernández Ortega, ha calificado de "insuficientes" las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar los desahucios y ha criticado la "sordera" del Grupo Popular en el Parlamento ante las propuestas que presentan los distintos grupos políticos.

El senador por Granada ha asegurado que los dos Decretos Ley que ha sacado adelante el Ejecutivo son "limitados, ineficaces y restrictivos" y ha subrayado que el PP ha rehusado tomar medidas suficientes para abordar la situación de las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas y rebajar el desequilibrio de la situación de los bancos frente a sus deudores. En este punto, ha recordado que durante 2012, el número de ejecuciones hipotecarias ha crecido un 134 por ciento.

El parlamentario del PSOE se ha referido en estos términos durante el debate de una moción del Grupo de la Entesa Catalana de Progres por la que se instaba al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el elevado número de desahucios que se están ejecutando en España. La propuesta fue rechazada debido al voto en contra del Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara.

Durante su intervención, Fernández Ortega ha destacado que una de las consecuencias más graves de esta crisis económica está siendo los desahucios de las familias que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca, viendo privado su derecho a la vivienda y, en este punto, añadió que "quien pierde su vivienda siente que pierde su dignidad y su futuro".

A lo largo del debate de la moción, el Grupo Socialista ha defendido tres enmiendas a la propuesta original. La primera de ellas proponía la suspensión durante tres años de las ejecuciones y lanzamientos sobre viviendas habituales y locales de negocio de colectivos en situaciones económicas especialmente adversas. En segundo lugar, los socialistas solicitaban la aprobación de la dación en pago si se trata de subasta judicial de vivienda habitual y esta ha quedado desierta.

Por último, reclamaban al Gobierno que impulse una ley de "segunda oportunidad" que establezca un procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar solución al sobreendeudamiento sobrevenido no dolosos de las personas, a través de un convenio de acreedores en el que el deudor reciba el amparo constitucional de su derecho a una vivienda digna.